Carlos Tejeda
Periodista, residente en USA
Una tragedia como la ocurrida en la discoteca Jet Set, donde el colapso de una estructura cobró decenas de vidas y dejó un profundo dolor colectivo, no justifica por sí sola la publicación de este artículo. Sin embargo, su propósito no es absolver la negligencia del empresario a cargo del establecimiento, sino señalar una verdad incómoda: esto no ocurrió en tierras lejanas, en un país como Suiza o Chile, donde la institucionalidad y la supervisión estatal son pilares sólidos. Sucedió aquí, en la República Dominicana, un lugar donde la corrupción abunda, la falta de institucionalidad es una constante y la actitud del “agárrate de ahí” se ha convertido en una filosofía que permea desde las calles hasta las oficinas públicas.
No se trata de eximir al propietario de su responsabilidad. Si las investigaciones confirman que el exceso de carga, la falta de mantenimiento o una construcción deficiente fueron factores determinantes, que caiga sobre él todo el peso de la ley. Pero sería miope detenernos ahí y crucificar únicamente al empresario, como si su actuación fuera un caso aislado en un sistema eficiente.
La pregunta ineludible es: ¿es él el único culpable? ¿Acaso el Estado dominicano, con su historial de omisiones y laxitud regulatoria, no tiene también las manos manchadas? Mientras empresarios y autoridades se dedican a “pasar la pelota”, las familias de las víctimas siguen buscando respuestas.
En la República Dominicana no existen inspecciones periódicas obligatorias para edificios en uso. Una vez aprobada una construcción, nadie verifica si sigue siendo segura 10, 20 o 30 años después. Las estructuras envejecen sin control, expuestas al desgaste del tiempo, el clima y, en muchos casos, la improvisación. Aquí todo se hace “a la bragandina”, y cuando el problema estalla, nos sorprendemos. Pero no es un caso aislado.
El pasado nos ha dejado lecciones trágicas que evidencian la falta de supervisión en la infraestructura dominicana. En 2021, el colapso de una pasarela peatonal en la avenida 27 de Febrero, Santo Domingo, hirió a transeúntes y expuso la desidia en las inspecciones de estructuras públicas (Listín Diario, 2021). En 2023, un edificio de cuatro niveles que albergaba la tienda R&S Multimuebles en La Vega se derrumbó durante una remodelación no autorizada, dejando una persona muerta y cinco heridas. El Colegio Dominicano de Ingenieros (CODIA) señaló la remoción de una columna estructural como causa principal (Bloomberg Línea, 19/01/2023).
Ese mismo año, una explosión en la fábrica Vidal Plast en San Cristóbal provocó el colapso de edificaciones cercanas, cobrando 38 vidas y evidenciando fallas en la seguridad industrial (Ensegundos.do, 19/08/2023).
En noviembre de 2023, intensas lluvias causaron el desplome de una pared lateral en el túnel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, Santo Domingo, matando a nueve personas (Acento, nov. 2023). En febrero de 2025, un edificio en construcción en el sector Villa Nazareth, La Romana, se derrumbó, dejando dos obreros muertos y tres heridos en un proyecto sin permisos (Acento, feb. 2025).
Estos casos, lejos de ser aislados, reflejan un patrón de negligencia que sigue cobrando vidas.
Los datos respaldan esta realidad.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparency International otorgó a la República Dominicana una puntuación de 35 sobre 100, ubicándola en el puesto 108 de 180 países (Transparency International, 25/01/2024). Aunque el país ha mejorado desde su peor registro (26 puntos en 2011), sigue rezagado frente al promedio mundial de 43 puntos.
Un informe del Banco Mundial señala que el control de la corrupción apenas avanzó, con una disminución de 0.01 puntos entre 2022 y 2023 (World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2023).
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha modernizado el sistema de contrataciones, sancionando a más de 60 proveedores por irregularidades desde 2020 (Open Contracting Partnership, 08/12/2023), pero estas medidas no abordan la supervisión continua de infraestructuras existentes.
Mientras, la ciudadanía percibe avances limitados: en 2024, el 47% de los dominicanos consideró que la corrupción había disminuido, pero el 25% aún la ve como un problema creciente.
Entonces, ¿por qué colapsó Jet Set? Las primeras hipótesis apuntan a un exceso de carga, un cambio de uso del edificio sin reingeniería estructural y una regulación escasa (Listín Diario, 2025; BBC News Mundo, 2025). Pero detrás de ese titular hay un trasfondo más profundo: un Estado que no inspecciona, no exige, no previene.
No es solo la discoteca; son los edificios públicos, las escuelas, los puentes que podrían ser las próximas estructuras de esta negligencia sistémica. Crucificar al propietario puede saciar nuestra sed de justicia inmediata, pero no resolverá el problema de fondo.
Mientras el “agárrate de ahí” siga siendo la respuesta tácita a las inspecciones estructurales, literalmente, las tragedias seguirán encontrando terreno fértil en esta patria de todos.