J. Luis Rojas
En República Dominicana, pocos eventos y hechos han generado tanta insatisfacción y enojo como los que provienen de los servicios misionales del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En este sentido, como se ha dicho, la insatisfacción es un sentimiento que aparece cuando las cosas que se tienen o que se han conseguido no cubren por sí mismas las expectativas creadas.
En su momento, el argumento más empleado por los creadores del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), consistió en visibilizar la supuesta ineficacia e ineficiencia del antiguo sistema de seguridad social (Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Ley 1896). En este ámbito, fueron muchos y variados los esfuerzos que se planificaron ejecutaron y controlaron, tendentes a lograr un relativo y raro consenso entre los sectores gubernamental, empresarial y laboral del país.
A juzgar por la calidad, cantidad y pertinencia de los servicios que ofrece el Sistema Dominicano de Seguridad Social a sus afiliados, el diálogo tripartito solo ha servido para incrementar las riquezas materiales de los dueños de las AFPs y las ARSs, así como engrosar los niveles de insatisfacción y enojo de los ciudadanos dominicanos. La verdad es que llora ante la presencia de Dios el hecho de que por cada día de 2021, las AFPs obtuvieron: RD$22.8 millones en ingresos operacionales, RD$13.3 millones en ganancias y RD$10.96 millones en gastos de funcionamiento. (Según boletines de la SIPEN).
Según datos del Coordinador General de la Coalición por la Seguridad Social Digna, señor Matías Bosch Carcuro, desde el 2024, las AFPs han costado al pueblo dominicano (trabajadores, empleadores y Estado) un promedio diario de RD$12.3 millones. Solo en el 2021, obtuvieron RD$24 millones por día. “Una maquinaria de enriquecimiento abusivo, con las perores pensiones del continente”, (Matías Boch, 2022).
El tamaño de las brechas entre lo que establecen los considerandos, los principios rectores y la interpretación y aplicación que hacen los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), con respecto a las disposiciones contenidas en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social actual, son extremadamente grandes. Por ejemplo, la mayoría de las resoluciones emitidas por el órgano rector de la seguridad social, solo favorecen los intereses de los dueños de las Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARSs) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs)
¿Por qué el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) y Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), se resisten a conocer en profundidad las causas que provocan tanta insatisfacción y enojo entre los afiliados de la seguridad social? ¿Por qué los funcionarios gubernamentales, los dirigentes políticos, los presidentes de las centrales sindicales se muerden la lengua para no hablar acerca de las perversidades e incertidumbres que genera el SDSS?
El mensaje clave de los progenitores de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, era desprestigiar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, bajo el alegato de impulsar reformas trascendentales, que impactarán positivamente los subsistemas esenciales de la seguridad social: pensiones, salud y riesgos laborales, con los cuales proteger a los trabajadores y a toda la población, contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.
Es innegable, las AFPs y las ARSs, con el respaldo incondicional de los miembros del CNSS, las autoridades de la SIPEN y de la SISALRIL, así como con la camaradería de los representantes de los gremios laborales, han logrado transformar la seguridad social en una actividad rentista, en la que unos cuantos empresarios incrementan sus riquezas materiales, a costa del sufrimiento, la insatisfacción y el enojo que produce en los sectores sociales más desposeídos, la ausencia de un sistema de seguridad social justo, humano, solidario, universal, integral, equitativo, flexible y participativo.
La cantidad de insatisfacción y de enojo, que diariamente generan los diferentes servicios que oferta el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se pusieron de manifiesto en la más reciente marcha, organizada por el Colegio Médico Dominicano, asociaciones de profesionales y movimientos sociales y de trabajadores, en contra de las malas prácticas que impulsan las Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARSs) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), en perjuicio del bienestar de los afiliados y del ejercicio profesional de los médicos. En los momentos actuales, sin duda, las AFPs Y las ARSs son las principales instituciones negadoras de derechos a una salud, pensiones y de riegos laborales justos, dignos y equitativos.
Lo mejor que podrían hacer las autoridades que dirigen, regulan y administran los procesos y la toma de decisiones fuera y dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, es poner atención a la insatisfacción y enojo que rodean a los miles de servidores públicos que reclaman una pensión del Estado dominicano, ya que cuentan con derechos adquiridos por las Leyes 379-81 y 87-01. Además, es un riesgo tratar de obviar lo que ha dicho el presidente del Colegio Medico Dominicano, doctor Senén Caba: “Las ARSs ganan RD$13 millones diarios, mientras que los médicos solo reciben 350 pesos por consultas”.
En pocas palabras, para lograr que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) actual, sea un medio para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población, contra los riesgos de vejez, discapacidad, infancia, maternidad y riesgos laborales, será necesario tomar en cuenta lo que al respecto ha expresado el doctor Ricardo Nieves: “La única manera de que se derrote la ley de seguridad social, que obligue un cambio, como se hizo con la marcha verde, como se hizo por el 4 %, como se hizo con la cementera y con Loma Miranda. La ciudadanía, el pueblo. El pueblo, dándole un sabor a calle, como lo hicieron los de Chile”.
Los hechos evidencian que la anguria y el apego al dinero que manifiestan las élites empresarial y política dominicana, no conocen la palabra límite. En este sentido, todo cuanto le huela a dinero, sin importar las consecuencias, capta y llama su atención. Ejemplo de ello, son los negocios que muchos empresarios y banqueros han logrado insertar alrededor de la seguridad social actual. Las élites económica y política dominicana no regalan nada, todo lo quieren. “La Ley 87-01 es un abuzo institucionalizado”. (Dr. Ricardo Nieves, 2022).