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AFP.- Un bebé de un año da tumbos en una corte de inmigración de Luisiana. Lanza un juguete que casi golpea al fiscal. El juez le ha pedido a su madre, de 17 años, que solicite asilo para ella y su hijo. Son menores de edad y, sin abogado, están expuestos a la deportación.
En 2025, el gobierno de Donald Trump intentó cortar los fondos con los que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) financia una red nacional de organizaciones que desde hace años presta servicios legales a menores migrantes no acompañados.
Llegaron a Estados Unidos sin un adulto o sus padres fueron detenidos por agentes de migración, y están en albergues o bajo custodia del gobierno.
Tras una demanda de varias de las organizaciones afectadas, la medida fue bloqueada por una jueza federal que ordenó mantener los servicios, protegidos por una ley que data de 2008.
– «Ataque concertado» –
Meses después, el gobierno dejó de pagar y en julio de 2026 dejó vencer el contrato con Acacia Center for Justice, que administraba una red de un centenar de organizaciones.
La subdirectora del Proyecto Florence, que ayuda a migrantes con procesos de deportación, Roxana Avila-Cimpeanu, explicó a la AFP los problemas que enfrentan con el la administración Trump.
A fines de 2025 el gobierno condicionó los pagos a la entrega de información confidencial de los representados por la red, unos 20,000 niños. «Y no lo hicimos», enfatizó.
La administración Trump anunció luego planes para entregar los casos a Burke Law Group, cuya fundadora fue funcionaria durante el primer gobierno del magnate republicano. Pero la firma retiró su candidatura.