José Alfredo Espinal
Santiago.– La Fundación Periodismo en Reflexión, (Funper) sugirió que sea retirado el proyecto de modificación de la Ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento, tras advertir que la pieza viola la Constitución de la República y representa una amenaza para uno de los derechos fundamentales de las personas, como es la libre expresión del pensamiento.
Asimismo, explicó que la libertad de expresarse tiene sus límites propios en la Constitución y que el castigo a los excesos cometidos en el ejercicio de ese derecho, están previstos en el Código Penal, lo que hace innecesario la aprobación de otras leyes para regular la citada materia.
La Fundación que preside el periodista Perfecto Martínez dijo que agotó un proceso de consultas que abarcó a periodistas y abogados, entre los que destacó a Rafael Díaz Filpo- Miguel Varona y al ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Oscar López Reyes. En sentido, indicó que tras analizar los argumentos de ex funcionarios judiciales, instituciones y juristas, ve conveniente retirar el proyecto y que se trabaje en una nueva propuesta de mayor consenso.
Recuerda que la libertad de expresión está protegida por el Artículo 49 de la Constitución, “que representa su base legal y que garantiza la libertad de expresión e información en el país, al tiempo que estatuye los límites para la garantía y el respeto de otros derechos y el orden público”.
“Es muy importante destacar que el citado artículo establece en su único párrafo, que el ejercicio de esas libertades debe realizarse respetando otros derechos y principios; de ahí que disponga que el disfrute de estas se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público», subraya.
La Funper afirma que el proyecto en discusión se aparta de la Constitución, resulta innecesario por existir en el país leyes suficientes para tratar la difamación y la injuria, además de que encarna “una amenaza real para la libertad de expresión por representar un preocupante retroceso en materia de derechos fundamentales”.
Advierte de los riesgos de permitirse una estructura administrativa que, al margen de la Constitución y las leyes, tenga poder para suspender transmisiones, sancionar medios y eliminar contenidos, como se plantea, “vulnera el artículo 40, numeral 15, de la Constitución, que garantiza el debido proceso y prohíbe las sanciones administrativas que afecten derechos fundamentales sin la intervención previa de un juez competente”.