José Alfredo Espinal
Santiago.- El exalcalde de Santiago y excandidato presidencial, Abel Martínez, afirmó que durante su gestión nunca procedió a la deportación, pero aclaró que cumplió con su deber de proteger la ciudad, actuar contra la ocupación ilegal, y remitir a la Dirección General de Migración a quienes se encontraban de manera irregular.
Dijo que las acciones realizadas durante su administración de ocho años para recuperar parques, aceras y otros espacios públicos ocupados por personas en condición migratoria irregular, fueron parte de una política de gobernanza municipal responsable y estrictamente apegada a la ley.
Martínez explicó que el alcalde no puede ni debe quedarse indiferente cuando los bienes públicos son ocupados o utilizados de manera ilegal. “Lo que hicimos fue cumplir con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece que es competencia del ayuntamiento regular, proteger y recuperar los espacios públicos”, expresó Martínez, según una nota enviada a este medio.
Las declaraciones de Martínez se produce luego de las medidas migratorias aplicadas por el alcalde de Dajabón Santiago Riverón, quien está expulsando de su territorio a los haitianos ilegales, alegando que estos causan el desorden y la inseguridad en el municipio fronterizo.
En ese sentido, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desautorizó al alcalde Riverón, tras recordarle que ese es una responsabilidad de la Dirección General de Migración. Pero el edil le respondió a Raful, diciéndole que solo detiene, pero no deporta a os inmigrantes, por lo que no detendrá sus acciones.
Durante su mandato, Abal Martínez encabezó operativos para desalojar construcciones improvisadas, puestos informales y ocupaciones ilegales en espacios destinados al uso colectivo. En varios de esos casos se detectó la presencia de ciudadanos haitianos sin documentación legal, algunos incluso con viviendas improvisadas en zonas como parques y orillas de ríos.
Aclaró que cuando en esos operativos se encontraban ciudadanos extranjeros sin estatus legal, estos eran entregados a la Dirección General de Migración, como manda la Ley 285-04, ya que los ayuntamientos no tienen facultad para realizar deportaciones.
“Nunca procedimos a deportar, porque eso no le corresponde a un alcalde. Pero sí cumplimos con nuestro deber de proteger la ciudad, actuar contra la ocupación ilegal, y remitir a Migración a quienes se encontraban de manera irregular”, explicó el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana.
Martínez relató que en una ocasión se encontró con una vivienda construida dentro de un parque público, lo que calificó como una violación grave al orden urbano. “No solo se violentaban las normas municipales, sino también el principio de orden público. Permitir eso habría sido una dejadez imperdonable”, dijo.
En ese sentido, reiteró que sus acciones no tuvieron motivación xenofóbica ni discriminatoria. “No se trató de nacionalidad, sino de legalidad. La ley se aplica igual a dominicanos y a extranjeros, y más aún a quienes estén de forma ilegal”, afirmó.
Frente a comparaciones recientes con su accionar, Abel Martínez consideró oportuno dejar claro que su enfoque siempre fue institucional, legal y con sentido de responsabilidad ciudadana.
“La ley no permite mirar hacia otro lado cuando los espacios públicos están siendo invadidos. Gobernar es tomar decisiones, aunque incomoden a algunos. Y yo siempre goberné con la Constitución en la mano”, concluyó.