El ministro de Justicia de Rumanía y supuesto arquitecto del decreto ley que despenalizaba ciertos delitos de corrupción, Florin Iordache, ha presentado este jueves su dimisión tras nueve jornadas consecutivas de protestas en la capital, Bucarest, así como en otras ciudades europeas.
El martes de la semana pasada, el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenalizaba los casos de corrupción cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros. Además, esta modificación penal iba acompañado de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
Entre los beneficiarios de esta medida, estaba Liviu Dagnea, el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), quien gobierna el país en coalición con la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE), tras ganar las elecciones celebradas el pasado 11 de diciembre.
La decisión desató las mayores protestas en el país desde la caída del régimen comunista, en 1989, y a pesar de que el fin de semana el Gobierno rectificaba y retiraba el polémico decreto, los ciudadanos han continuado manifestándose para exigir responsabilidades.
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