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La Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la despenalización del aborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.
Desde que el órgano inició el debate el viernes pasado, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión, que se tomará a más tardar a fines de noviembre.
Desde 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.
Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.
Por eso la Corte está analizando ahora dos recursos de inconstitucionalidad que apuntan a que las mujeres dejen de ser criminalizadas por abortar.
📣 ¡Nunca habíamos estado tan cerca! La discusión sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto ya está en la agenda de la Corte. Sigamos pendientes de su avance en los próximos días y no dejemos de difundir y manifestar apoyo a esta #causajustaporelaborto 💚 #CorteAbortoSí pic.twitter.com/xH3oYX7rFv
— Causa Justa por el Aborto (@causajustaco) October 20, 2021
Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada por el colectivo feminista Causa Justa; y otra el magistrado Alberto Rojas Ríos en respuesta a una solicitud del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.
La discusión se enmarca en los recientes avances que han logrado los movimientos de mujeres en la región y que son conocidos como «la marea verde», ya que es el color del pañuelo que simboliza la lucha por el derecho aborto y que muestran de manera masiva en las manifestaciones.
Uno de los momentos culminantes de esta lucha ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, pero todavía falta el aval del Senado.
Escenario
Le pedimos a la @CConstitucional aborto libre.
El aborto siguen siendo una pesadilla para muchas mujeres. Acá les contamos. #14PorColombia pic.twitter.com/19KatG3k2L
— 14 por Colombia (@14porColombia) October 16, 2021
Para despenalizar el aborto en Colombia se requieren por lo menos cinco de los nueve votos que hay en la Corte Constitucional.
Por ahora, se prevé que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo.
Parte de la incertidumbre se debe a que falta conocer los detalles de las ponencias de Rojas Ríos y de Lizarazo, y debatirlas en el pleno. En ambos casos, la tesis central es que se debe declarar la inconstitucionalidad del Artículo 122 del Código Penal porque discrimina a las mujeres.
Por otro lado, la semana pasada la Consultora Ipsos reveló que, de acuerdo con una encuesta global, en Colombia la legalización del aborto solo tiene un apoyo del 26 % y que el 9,0 % lo considera inadmisible en cualquier circunstancia. Por el contrario, un 36 % la aprueba solo en determinados casos.
Más allá de que el respaldo social no es mayoritario, el movimiento Causa Justa advierte que el derecho al aborto en Colombia no está plenamente garantizado, ya que hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia para no interrumpir embarazos aunque cumplan con alguna de las tres causales que ya están despenalizadas.
El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que esta organización realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas.
Uno de los datos más destacados del documento, que fue presentado en julio pasado, es que demuestra que desde 2006, cuando se logró la despenalización por causales, las denuncias en lugar de reducirse, aumentaron hasta alcanzar un promedio de 400 al año.
(Con información de RT)