El ciudadano necesita ser sancionado cuando viola la ley
José Alfredo Espinal
Santiago.- En la República Dominicana se habla mucho del problema del tránsito. No es un tema nuevo; es una conversación que arrastramos desde hace décadas. Gobiernos van y gobiernos vienen, promesas se firman y se olvidan, pero la realidad en nuestras calles sigue siendo exactamente la misma.
El caos vial se ha convertido en una especie de panorama permanente, una crisis ante la cual parecemos habernos anestesiado. Sin embargo, no podemos seguir tratando el problema del tránsito como un simple dolor de cabeza cotidiano o una incomodidad urbana.
En nuestro país, el tránsito es la principal causa de muertes. Estamos ante una verdadera pandemia silente que nadie ha podido corregir.
Para enfrentar este mal, la solución no radica únicamente en las altas esferas del Gobierno nacional o en las oficinas de los directores institucionales. Este es un problema transversal donde todo el mundo tiene que aportar: desde el gobierno hasta la ciudadanía, pasando por las escuelas, las universidades y las instituciones públicas y privadas.
La respuesta al problema debería estar fundamentada en educación y sanción. No es posible asumir la realidad solamente con campañas, se debe instaurar una cultura de respeto.
Es decir, cuando hablamos de educación vial, no podemos referirnos a un esfuerzo simple o a una campaña publicitaria de unas cuantas semanas. Lo que la República Dominicana necesita es una educación sistematizada que logre sembrar una verdadera cultura de respeto a la ley de tránsito.
Hoy en día, la falta de esa cultura es evidente en cada esquina. Muchos choferes solo se colocan el cinturón de seguridad si ven a una autoridad en la vía. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es una constante peligrosa, al igual que ignorar los semáforos en rojo, estacionarse en lugares indebidos o transitar en vehículos que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, unidades sin luces, sin retrovisores, sin direccionales y con neumáticos completamente desgastados.
Pero la educación por sí sola no basta si no viene acompañada de un castigo efectivo para quien decide ignorarla. El ciudadano necesita ser sancionado cuando viola la ley. La imposición de multas fuertes y severas es, muchas veces, el único estímulo real para que se respete la normativa vigente. En nuestro país urge un régimen de consecuencias claro y estricto; de lo contrario, la ley seguirá siendo letra muerta.
Lamentablemente, las instituciones llamadas a regular este sector no han funcionado como deberían. El panorama actual, centralizado en gran parte por el INTRANT, no ha dado los frutos esperados. Incluso instituciones como la DIGESETT, encargadas de fiscalizar el día a día en las calles, a menudo proyectan ante la sociedad la imagen de ser órganos meramente recaudadores de dinero, en lugar de entidades comprometidas con la verdadera regularización y el orden del tránsito.
Aprender, aplicar y corregir nos va a costar mucho esfuerzo. Cambiar la conducta colectiva de choferes y autoridades no se logra de la noche a la mañana, pero es un camino que no admite más demoras.
Si no somos capaces de instaurar un orden riguroso y un verdadero régimen de consecuencias, las calles dominicanas seguirán cobrándose la vida de miles de dominicanos. Está en manos de todos cambiar esta trágica realidad.