José Alfredo Espinal
Santiago.- Para la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la reforma del Código Penal que entrará en vigor en los próximos días, mantiene las garantías fundamentales de la responsabilidad profesional y no busca criminalizar el ejercicio de la medicina.
Reynoso fue enfática al señalar que las normas que regulan la actuación médica no sufren cambios sustanciales en su esencia punitiva. “No hay nada que temer”, afirmó la funcionaria en referencia al sector médico, tras indicar que en términos generales, el Código que aún está vigente y el que entra en vigencia siguen manteniendo la misma esencia”.
Al dictar la conferencia titulada “Código en Consulta: El ejercicio médico ante el nuevo Código Penal 2025. Guía legal, gestión de riesgos y el nuevo paradigma penal en la República Dominicana”, celebrada en la clínica Unión Médica, Reynoso aclaró dudas frecuentes sobre la responsabilidad legal del personal sanitario, recordando que la responsabilidad penal en la legislación dominicana es ´estrictamente individual´.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Julián Sued, presidente del Consejo de Administración del centro de salud, quien resaltó la importancia de propiciar espacios de diálogo y actualización para promover una práctica médica más segura, ética y apegada a la ley. El encuentro contó además con la participación del doctor Daniel Rivera, senador de la República y fundador de la clínica, así como directivos del Consejo.
Durante su disertación, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso destacó que la labor médica está comprendida en la figura jurídica del «riesgo permitido», entendiendo que la salud y la biología humana conllevan imponderables que no pueden atribuirse a una mala praxis ni sancionarse como delitos dolosos, con intención de hacer daño.
Explicó que el médico actuante tiene siempre una obligación de medios, nunca de resultados. “Todos los días en una sala de cirugía se toman decisiones de riesgo, pero la mayoría caen dentro de lo que el derecho llama riesgo permitido. La medicina no se puede investigar ni juzgar como que dos más dos son cuatro; tiene que analizarse el caso en concreto”, agregó.
La magistrada detalló que los procesos vinculados al sector salud se enmarcan en actuaciones culposas, basadas en omisión, negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de reglamentos, y no en intenciones criminales.
Al referirse al artículo 112 del nuevo texto normativo, anteriormente 319, Yeni Berenice explicó que contempla penas de 2 a 3 años de prisión por muertes causadas por negligencia o impericia, las cuales pueden elevarse de 3 a 5 años únicamente en casos de imprudencia temeraria, como cuando se somete a un paciente a procedimientos de alto riesgo desconociendo o ignorando contraindicaciones médicas graves.