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El portavoz y director general de Comunicación del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, precisó que ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir.
A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez Marchena, también señaló que ”Ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó”.
“Ninguna ley puede impedirle a un médico salvar, mantener viva, a una mujer embarazada que podría morir”, escribió el Vocero de la Presidencia.
Con estos mensajes, Rodríguez Marchena da a conocer su opinión acerca de la prohibición o no del aborto terapéutico en República Dominicana.
Posición del Presidente. Se recuerda que el presidente Danilo Medina devolvió sin promulgar al Congreso Nacional la Ley que modifica el Código Penal Dominicano, a fin de que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer con la penalización de la interrupción del embarazo.
En una misiva remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, el mandatario considera que “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado, sería equiparar la legislación con las de la mayoría de los países del mundo que permiten la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: Cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
Posiciones a favor y en contra. Las iglesias del país han manifestado su rechazo a la decisión del Ejecutivo y han manifestado no estar de acuerdo con permitir que las mujeres decidan acerca de su embarazo.
Miembros de la iglesia católica acudieron hasta el Congreso Nacional para reclamar a los legisladores que no acojan las observaciones de Medina, por considerar que permitir el aborto, aún cuando sea para salvar al vida de la mujer embaraza, contradice sus concepciones de la importancia de la vida.
De su lado, organizaciones y mujeres que luchan a favor de los derechos de las mujeres indicaron que “La promulgación de este Código habría significado un enorme retroceso para el país en materia de derechos humanos, de salud pública y de gobernabilidad democrática”.
Profamilia, la Colectiva Mujer y Salud, el Foro Feminista y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), entre otras, explican que esperan que el Congreso Nacional acoja de manera positiva la observación hecha por el Presidente y decidan a favor de la salud, la vida y los derechos de las mujeres.