Serviciso/Caribbean Digital
SANTO DOMINGO. El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), licenciado Ramón Ventura Camejo, destacó los aportes que ha realizado esa entidad para la implementación del paradigma de gobierno abierto en la República Dominicana, entre los que mencionó las diferentes herramientas tecnológicas desarrolladas por el MAP, como el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
Al intervenir en el seminario internacional «Impacto y Aprovechamiento de las TIC en la Gestión Pública en el Marco de Gobierno Abierto», organizado por el MAP, el funcionario resaltó que este tema es de gran actualidad y trascendencia con el funcionamiento del Gobierno Abierto y el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación, para hacer más eficiente y efectiva al Estado.
«En la República Dominicana este tema se ha colocado en la agenda, e incluso el presidente Danilo Medina, en una de sus intervenciones de hace unos meses difundía su compromiso de establecer la República Digital, para reducir la brecha digital y darle un mayor impulso al proceso de utilización de las TIC», señaló Ventura Camejo.
Acerca de la labor del MAP en este sentido, el ministro explicó, por ejemplo, que «el SASP es un sistema que transparenta la nómina pública, que crea una base de información sobre cada servidor público, desde su ingreso, su desempeño, sus competencias, sus capacidades y las posibilidades de ascenso,lo cual permite que los gerentes públicos estén en la capacidad de usar esos insumos y tomar decisiones racionales e inteligentes».
Ventura Camejo resaltó que el SASP «ha sido un aporte fundamental, que contribuye al gobierno abierto y a hacer una mejor administración pública».
En cuanto al SISMAP, el ministro Ventura Camejo expresó que ese sistema «da seguimiento a cada órgano público sobre el cumplimiento de una serie de indicadores que son fundamentales para que cualquier tipo de organización pública pueda marchar de manera institucional».
Asimismo, recordó que el SISMAP monitorea los indicadores de la Administración Pública que son tomados en cuenta por el Barómetro de Servicio Civil de América Latina, que ha sido impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el año 2004, y que ha ido registrando los avances de cada país latinoamericanos.
«Esos indicadores representan los postulados y la esencia de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y el Barómetro realizado más recientemente determinó que nuestro Estado se encuentra hoy en el séptimo lugar en América Latina, un lugar con el que no nos conformamos, pero es un aliciente, porque estamos detrás sólo de naciones como Chile, Costa Rica y Colombia, y seguimos avanzando con cada medición».
Otra herramienta tecnológica desarrollada por el MAP es el Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos que mide y registra la satisfacción de la ciudadanía con los servicios que prestan las entidades del Estado.
En la inauguración del evento, dictó una conferencia magistral el ingeniero Aitor Cubo Contreras, subdirector General del Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano, del Ministerio de Hacienda y Administración Pública (MINHAP), de España.
En su exposición, el ingeniero Cubo Contreras destacó que el proceso de implantar la Administración Digital y la estrategia de uso de las TIC en España tomó fuerza a partir el año 2007 con la aprobación de la Ley No. 11 que establecía como uno de los derechos de los ciudadanos el de relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas.
Según Cubo Contreras, esta ley contribuyó a la eliminación de la brecha digital, sobre todo a partir de la puesta en funcionamiento de la llamada Red SARA: Servicios, Aplicaciones y Redes para las Administraciones Públicas.
El experto español también refirió que para la generalización del sistema digital en todas las instituciones del Estado de esa nación ibérica, uno de los pasos fue la adopción de unas normas técnicas de interoperabilidad, estableciendo un catálogo de estándares, las reglas para los documentos electrónicos, para la digitalización de documentos y la confección de los expedientes electrónicos de los ciudadanos y ciudadanas, así como las políticas de firma electrónica y de certificados y los protocolo de intermediación de datos.