Vargas afirma tarea democrática del momento es aprobar leyes electoral y de partidos

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El presidente del Partido Revolucionario Dominiano (PRD), Miguel Vargas resaltó que el más importante y urgente reto que tiene por delante la democracia dominicana, es garantizar elecciones con un mínimo de equilibrio, beneficio del sistema electoral.

Miguel Vargas, presidente del PRD. Archivo.
Miguel Vargas, presidente del PRD. Archivo.

Al dictar la conferencia “Necesidad de la Reforma Electoral y la Ley de Partidos en República Dominicana”, Vargas enumeró las bases que a entender del PRD deben garantizar procesos electorales justos y transparentes.

El líder político hizo un amplio recuento de la evolución de los procesos políticos y electorales del país, en el que documentó la participación estelar del PRD para contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática nacional.

Vargas dictó su conferencia en el marco del seminario Primarias de Partidos Políticos, auspiciado por la Junta Central Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, e Idea Internacional, celebrado en el hotel Crowne Plaza.

En el seminario, que se desarrolló dersde ayer y concluyó esta tarde,  intervinieron Federico (Quique) Antún, Flavio Darío Espinal y Daniel Zovatto

A continuación presentamos el texto completo de la conferencia der Vargas:

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) nace en el año 1939, en El Cano, La Habana, Cuba. Su ojetivo principal era enfrentar desde el exilio la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y por vía de consecuencia instaurar la democracia en el país.

Luego del derrocamiento de la tiranía Trujillista, el PRD llega a territorio nacional el 5 de julio de 1961, acogiéndose a las garantías ofrecidas por el presidente Joaquín Balaguer, con una comisión integrada por los compañeros Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, para realizar actividades políticas de manera  públicas. Al año siguiente, el PRD y su candidato, Prof. Juan Bosh, ganan las elecciones y de inmediato comienza el proceso de democratización en la República Dominicana.

Las ideas y las acciones liberales del gobierno perredeista resultaron muy avanzadas para la época y chocaron con los intereses conservadores a nivel nacional, lo cual llevó a un golpe de estado que marcó el inicio de un proceso de conculcación de los derechos, civiles, políticos y electorales del pueblo dominicano.

Luego de la guerra por la vuelta a la constitucionalidad, de abril del año 1965 y de la intervención militar norteamericana de ese mismo año, empieza un proceso de transición con características propias de varios de los gobiernos de derecha en Latinoamérica durante el periodo de la “Guerra Fria”. El PRD, principal Partido de oposición se abstuvo de participar en las elecciones generales de los años 1970 y 1974.

Fruto de las presiones internacionales para que se respetaran los derechos electorales de los dominicanos en el marco de la incorporación del PRD como miembro de la Internacional Socialista y del trabajo valiente de los perredeistas, se logró participar y ganar las elecciones del año 1978. El presidente don Antonio Guzmán y su gobierno impulsaron la aprobación de la Ley de Amnistía para los presos por razones políticas, y el retorno de los exiliados , además de que se garantizó el libre ejercicio de las libertades de expresión y prensa.

Esenciales aportes del PRD al desarrollo democrático

Distinguidos señores de este panel, realizo esta recopilación de manera introductiva, en la que el PRD es el centro de la misma, por entender que el desarrollo democrático y Electoral de la República Dominicana se encuentra íntimamente ligado a los aportes, las luchas y los esfuerzos del partido blanco.

En ese sentido, al PRD permanecer en el gobierno desde el año 1978 al año 1986, se resolvió el problema de la represión estatal para garantizar la permanecía de un partido en el poder.

En el año 1986, con el cambio del partido en el poder, el gobierno reformista continúo con el respeto a las libertades públicas alcanzadas en los gobiernos perredeistas. Aunque surgió un nuevo problema de tipo electoral.

Los procesos electorales posteriores fueron marcados por las denuncias e imputaciones de suplantación de electores, dislocación de las mesas electorales y por la variación de los resultados y los cómputos. Las víctimas de estos hechos fueron, en el 1990 el Partido de la Liberación Dominicana y en 1994 el PRD.

Mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de República Dominicana, en el año 1994 se reformó la Constitución y se efectuó un compromiso en búsqueda de que los órganos electorales estuvieran conformados por ciudadanos sin afiliaciones partidarias. Es oportuno resaltar que en esta reforma a la Carta Magna se consignó la No reelección Presidencial consecutiva, logro que fuera vulnerado por un posterior cambio a la Constitución realizado de forma inexplicable en términos históricos por el entonces gobierno del PRD del año 2002. En una acción que reivindicó y enarboló los ideales del Dr. Peña Gómez y los principios del PRD, impulsamos   la reincorporación de la No Reelección Presidencial consecutiva dentro del marco de un acuerdo con el entonces Presidente de la Republica Leonel Fernández, para aprobar la más reciente reforma constitucional del año 2010.

Regresando al 1996, ese año se realizaron unas elecciones sin cuestionamientos y en los procesos de elección posteriores se dieron por superados las “irregularidades” electorales.

Ya la represión de los años sesenta y setenta era algo superado, así como las acciones que alteraban los resultados electorales de los años noventa. Ahora la problemática Electoral dominicana es otra.

En los últimos diez años, la inequidad es evidente entre los actores que participan en los procesos. El común denominador en los últimos tres informes de la observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es el uso excesivo de los recursos del Estado a favor de los candidatos del oficialismo.

Situaciones como convertir los actos de inauguraciones de obras públicas en mítines electorales son comunes en tiempo de campaña. Abultar las nóminas estatales y la creación de nominillas políticas es el diario vivir dominicano. Las promociones a través de los medios de comunicación son cien contra uno a favor de los candidatos del gobierno. La contratación de firmas encuestadoras para desinformar a la opinión pública es también algo cotidiano. Otra situación habitual es observar a los principales Ministros y Directores Generales del Gobierno haciendo campaña en todo el territorio nacional, utilizando los recursos que les brindan sus altas posiciones. Y ni decir, de que abiertamente en plena campaña electoral se utilizan los cargos y las contratas para “captar” dirigentes importantes de la oposición. Entre otras cosas…

Conclusiones:

Garantizar la democracia interna en los partidos y agrupaciones políticas mediante el método de elección de Convención o Primarias utilizando un padrón de militantes (cerrado) es importante y trascedente. Aunque es de lugar precisar y entender que cada organización política tiene sus propias características, y el derecho Constitucional de libre asociación así lo establece; por lo tanto no nos oponemos a que además se incluyan otros métodos de carácter democráticos en una reforma al sistema electoral dominicano.

Pero, la problemática electoral dominicana va más allá de los partidos y las agrupaciones políticas. La necesidad de crear los mecanismos legales garantistas de los derechos de las organizaciones políticas y los electores debe ser la prioridad, tal y como se ha logrado en países como Colombia y Brasil, entre otros.

Solo hay que revisar las elecciones dominicanas del año 2008 y la del 2010 en las cuales no hubo conflictos de consideración en las convenciones o primarias de los principales partidos del país, sin embargo al momento de las campañas electorales para las elecciones generales se evidenció un amplio desequilibrio electoral.

Nuestra propuesta pública y la cual fue recogida en un proyecto de Ley de “Partidos, Agrupaciones y Garantías Electorales” que cursa en el Congreso Nacional” se resume en los siguientes aspectos:

1-    Garantizar la democracia interna de los partidos y agrupaciones, estableciendo métodos como la convención, y otros mecanismos de índole democráticos.

2-    Establecer registro de militantes para los partidos y agrupaciones políticas, el cual se deposite de forma periódica ante la Junta Central Electoral (JCE).

3-    Crear mecanismos para eficientizar el uso de los fondos partidarios y ampliar los derechos de fiscalización de sus militantes, la Junta Central Electoral y la sociedad civil.

4-    Destinar mayores fondos a la educación política y a la capacitación de los militantes de los partidos y las agrupaciones políticas.

5-    Regularizar y organizar las pre-campañas y las campañas electorales, estableciendo el periodo de tiempo y las formas legales.

6-    Establecer parámetros a la realización de encuestas y sondeos electorales con fines de publicitarlos, los que para realizarse deberán ser previamente aprobados por la JCE.

7-     Instaurar un monto máximo para los gastos de campaña, el cual sería fijado, luego de un estudio técnico, mediante reglamento por la Junta Central Electoral.

8-    Equilibrar las promociones, anuncios y la publicidad entre las organizaciones políticas que participen en las elecciones.

9-    Disminuir significativamente el trasfuguismo, pues las posiciones de elección popular permanecerán en las organizaciones políticas en caso de abandono.

10-  Prohibir el aumento de la nómina estatal y de los planes sociales del gobierno durante el periodo de campaña.

11-  Limitar los actos de inauguraciones de obras, en el periodo de campana.

12-  Ordenar que las contrataciones y las compras del gobierno sean informadas y detalladas por escrito a la Junta Central Electoral de manera mensual durante todo el proceso electoral.

13-       Establecer el Recurso de acciones cautelares ante la Junta Central Electoral y las decisiones definitivas como facultad del Tribunal Superior Electoral, con procedimientos agiles y expeditos.

 

Amigos y amigas aquí presentes, no hay democracia sin demócratas. La reforma a la Ley Electoral y la Ley de Partidos con la introducción de las garantías electorales es una necesidad para el sistema electoral dominicano, que descansa básicamente en los partidos políticos.

 

Es innegable que el país ha avanzado en el montaje y la organización de las elecciones. La Junta Central Electoral muestra avances significativos en su institucionalización, reforma y modernización, lo que ha llevado este importante organismo a ser ejemplo a seguir en otras naciones de la region. La diafanidad del conteo de los votos y la agilidad de este proceso ha llevado a los miembros de la Junta y a su Presidente Roberto Rosario a exportar la experiencia dominicana a solicitud de varios Estados de Latinoamérica.

 

A pesar de estos evidentes avances, reitero frente a este panel y ante el país, ahora el reto es aprobar los mecanismos legales que garanticen elecciones con un mínimo de equilibrio para el beneficio del sistema electoral que es lo mismo que fortalecer la democracia!