Un insulto que no puede permitirse

José Alfredo Espinal

Editor/Caribbean Digital

La CIDH se pasó de la raya.

SANTIAGO, RD.– La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), u otro órgano llámese como se llame, no puede ni debe nunca referirse a la forma de cómo la República Dominicana debe actuar sobre quienes tienen derecho a la nacionalidad.

La CIDH. Foto de archivo
La CIDH. Foto de archivo

Es un irrespeto de este organismo y de los grupos que pretenden desconocer la soberanía dominicana. El Estado dominicano podría estar equivocado en muchos aspectos, pero eso necesariamente no puede significar que algunos quieran sublevarse porque la medida no les conviene.

Pedir que el gobierno dominicano cambie su Constitución porque una decisión del Tribunal Constitucional afecta intereses de particulares, es una afrenta no solo al gobierno, sino a todo el país.

En mi condición de hombre fe, que en un futuro podría estar residiendo en playas extranjeras, defiendo el derecho de todo inmigrante en hacer valer sus derechos como persona, pero de ahí a violentar las leyes de un país para beneficiar a mansos y cimarrones nunca estaría de acuerdo.

La CIDH, como cualquier otro organismo internacional y ONGs que más que defender los inmigrantes, defienden sus intereses económicos, deben tener muy pendiente que la República Dominicana es una nación en vía de desarrollo, con muchas dificultades económicas, políticas y sociales, pero aun así, es un estado libre e independiente de toda potencia extranjera.

Pero que algunos sectores internos quieran hacerles el juego a los organismos internacionales, no es de sorprender a nadie.

Haití, y sus autoridades y el pueblo lo saben, ha sido ampliamente apoyado por el gobierno dominicano. Les permiten a sus ciudadanos trabajar, vivir y estudiar en nuestra tierra, y últimamente el Estado le ha reconocido el derecho que tienen muchos de sus descendientes de adquirir sus papeles como dominicanos.

Se espera que el Presidente se pronuncie sobre la decisión de la CIDH, específicamente en el caso haitiano.

Un agravio como el emitido por la CIDH no puede permitirse, por nuestra soberanía y por nuestra libertad.