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Justicia y Transparencia saluda esfuerzos de aduanas por combatir evasión y reitera oposición a impuestos por internet.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por intermedio de su, presidente Trajano Potentini informó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA), fusionó para conocer en conjunto mañana miércoles 13 agosto a las 2:00 de la tarde, el amparo preventivo de urgencia de la fundación junto con el interpuesto recientemente por la Asociación Dominicana de Empresas de Courier (ASODEC).
Potentini reiteró su oposición a las intenciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), de cobrar a partir del próximo 15 de agosto impuestos a las operaciones de compra y venta menores de 200 dólares generadas por la vía del internet, violando con ello varias disposiciones legales, entre la que citamos el Decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2005, la Ley 277-12 y la Ley 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario y de concretarse el referido cobro también violaría la propia Constitución de la República.
Para Justicia y Transparencia resulta inaceptable y constituiría un precedente peligroso, el que un funcionario se erija en interprete de la leyes y tome decisiones como juez y parte, en cuestiones trascendente para el país, como lo sería el cobro de impuestos a mercancías exentas por más de nueve años.
De acuerdo con la entidad no se trata de cobrar o dejar de cobrar impuestos, aquí lo que está en juego es un asunto institucional y de legalidad, el cual en modo alguno se le puede dejar a la discrecionalidad de funcionario gubernamental, el decidir que paga y que no paga, en razón de que se trata de una materia exclusiva del Congreso Nacional.
Asimismo Potentini saludó los esfuerzos de aduanas por combatir la evasión y le pidió a su director Fernando Fernández el profundizar sin excesos y apegados a la legalidad todos los casos en que se determine la ocurrencia de acciones ilegales en contra del fisco.
Finalmente la FJT, reiteró que lo más saludable en el caso aduanas y los impuestos a la compras por internet seria el utilizar las vías constitucionales, tales como un decreto derogando el 402-05, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de un Ministro o de un Director General.