Suprema Corte de Justicia promete dotar títulos propietarios de terrenos privados Santiago

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Presidente Mariano Germán busca solución afectad por Ley cuota parte.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Mariano Germán, prometió una solución rápida al reclamo de un grupo de propietarios privados de terrenos  de la zona de riego de Villa González,  en Santiago,  reubicados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el periodo gubernamental del 1982-86 «, durante la aplicación de la Ley de Cuota parte.

Federico Domínguez Aristy, Luis R. Rodríguez, Ministro de Agricultura, Mariano Gemán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Maira Kunhart, Alfonso Radhamés Valenzuela, director el IAD, Félix Reyes, Leonaldo Hernández y José Ramón Vega
Federico Domínguez Aristy, Luis R. Rodríguez, Ministro de Agricultura, Mariano Gemán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Maira Kunhart, Alfonso Radhamés Valenzuela, director el IAD, Félix Reyes, Leonaldo Hernández y José Ramón Vega

El doctor Germán, recibió en su despacho al ingeniero Luis Ramón Rodríguez, ministro de Agricultura y al ingeniero Alfonso Radhames Valenzuela, director General del  (IAD, quienes estaban acompañados de representantes y asesores  de la  «Asociación de Propietarios de Terrenos de la zona de riego Santiago – Villa González, (ASOPRU).

El presidente de la SCJ, escuchó muy atentamente las explicaciones de las peripecias vividas por los propietarios que lucha por obtener sus títulos desde l982 hasta la fecha, aunque admitieron que avanzan en el proceso.

El ministro de agricultura en la reunión con el presidente del alto tribunal,  expuso que un gran grupo de propietarios de terrenos privados de la provincia de Santiago, fueron reubicados sus propiedades hacia otros terrenos cercanos, cuando se aplicó la ley de cuota parte en el periodo 1982-86.

Recordó que el proceso quedo inconcluso, lo que ha provocado que a la fecha, estos propietarios  no han podido regularizar su nueva ocupación.

De su lado, el ingeniero Federico Domínguez y el señor Leonardo Hernández,  en representación de ASORPU, indicaron que  ciertamente  más de 200 propietarios de distintas comunidades  del Distrito de riego  Santiago hasta Navarrete, fueron afectados por  la Reubicación parcelaria.

Sostuvo que la reubicación fue un mecanismo de traslados y permutas de terrenos  de propietarios privados, ejecutado por el Estado Dominicano, con el objetivo de facilitar el riego agrícola uniforme, en base a recomendaciones de organismos internacionales.

Afirmaron que en el año 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó a petición del IAD, un diagnostico de la situación, recomendando la intervención del Estado, el cual a través del poder ejecutivo, emitió el decreto No. 724-10 de fecha 29 de Diciembre 2010, reconociendo  el proceso de la Reubicación Parcelaria, así como la no conclusión del mismo  por lo que  dicho decreto declaro de interés social este problema,  creando una comisión especial compuesta por el IAD, el INDRHI, la dirección General de Mensuras Catastrales  y Asopru.

El objetivo era para que en coordinación con otras instituciones del Estado, concluyan este proceso, a fin de que estos propietarios sean titulados en el terreno en el que fueron reubicados, los cuales ocupan desde hace 30 años.

El presidente de la Suprema, quien estuvo acompañado del ingeniero Luis Antonio Bonetti, director General de Mensuras Catastrales, licenciado Ramón Antigua, Administrador General de dicha Jurisdicción, y la doctora Rosabel Castillo,  Directora General de Registros de Títulos, expreso que la Jurisdicción Inmobiliaria del Poder Judicial, trabajará en conjunto con los afectados y las instituciones presentes.

Y pidió que en un plazo muy breve, sea concluido el mecanismo mediante el cual podrán quedar titulados los propietarios privados que fueron reubicados.

Asimismo, el Ministro de Agricultura y el Director General del IAD, así como los representes de ASOPRU, agradecieron la voluntad y el compromiso asumido por la Suprema Corte de Justicia.

Igualmente, al ratificar su agradecimiento,  expresaron su confianza  plena en el poder judicial  para  resolver un problema que enfrentan productores agrícolas de la zona desde hace 31 años.