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Una comisión de diputados reintrodujo este miércoles un proyecto de ley que establecería jurisdicciones especializadas que se encargarían de juzgar los hechos ilícitos en perjuicio del Estado dominicano.
El diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, indicó que es necesario la creación de jurisdicciones que se encarguen sólo de conocer denuncias y hechos de corrupción, para evitar situaciones como lo ocurrido con el caso de los Súper Tucano.
“Como diputado, debo participar en propuestas que beneficien nuestro Estado, en esta oportunidad les quiero recordar un proyecto de ley que fue sometido el 18 de mayo del año 2022, que establece una jurisdicción especializada para juzgar los ilícitos penales que se cometan en perjuicio del Estado y sus instituciones, entes y órganos de las administraciones públicas, regula la designación del procurador general de la República y la designación de los procuradores especiales por parte de las cámaras legislativas”, expresó Rodríguez.
Para los legisladores, la aprobación de esta ley representaría “un paso fundamental” en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, ya que procura establecer un procedimiento rápido y gratuito para el conocimiento de los actos de corrupción administrativa.
“Esta propuesta nace debido a los cientos de casos de corrupción que durante muchos años se han cometido en el Estado y no han tenido sanciones o consecuencias legales, además de que gobierno tras gobierno surgen cientos de denuncias por actos corruptos, los cuales se diluyen con el paso del tiempo en las instancias judiciales, lo que incentiva a que las personas que asumen funciones públicas distancian su comportamiento del ordenamiento jurídico del Estado”, especificó el diputado.
El legislador afirmó que la creación de una jurisdicción especializada para juzgar los ilícitos penales que afectan al Estado y sus instituciones, así como la regulación de la designación del Procurador General de la República y de los procuradores especiales por parte de nuestras cámaras legislativas, es uno de los tantos pasos que se deben dar para “regular y mantenernos vigilantes ante actos ilícitos, garantizando un proceso más rápido y eficaz”.