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Las muertes de jóvenes durante supuestos intercambios de disparos con agentes policiales han abierto un debate entre ciudadanos, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores de Santiago sobre los métodos empleados para combatir la delincuencia, el respeto a los derechos fundamentales y la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana.
La discusión se produce después de que se reportaran más de 20 fallecimientos en un mes en la región del Cibao durante presuntos enfrentamientos con las autoridades, una cifra que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre las circunstancias en que se producen estas muertes, especialmente cuando las víctimas son personas señaladas como prófugas de la Justicia o con antecedentes penales.
Mientras sectores de la población consideran que las acciones policiales son necesarias para enfrentar la criminalidad y devolver la tranquilidad a las comunidades, representantes de organizaciones sociales y juristas advierten de que la persecución del delito no puede sustituir los procedimientos judiciales ni justificar el uso desproporcionado de la fuerza.
Raquel Rivera, dirigente de la Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientalistas, cuestionó la utilización de la expresión “intercambio de disparos” para describir estos hechos y sostuvo que algunos casos deben investigarse como posibles ejecuciones extrajudiciales.
“No se le puede llamar intercambio de disparos, sino que son justamente ejecuciones que la Policía está haciendo con las juventudes”, afirmó Rivera, quien atribuyó parte de la problemática de la delincuencia a las desigualdades sociales, la exclusión y la falta de oportunidades para niños y jóvenes.
A su juicio, la inseguridad no puede analizarse exclusivamente desde la persecución policial, sino que requiere examinar las condiciones que favorecen la marginalidad, las deficiencias en el acceso a la educación y las limitaciones para desarrollar una vida digna.