José Alfredo Espinal
Santiago. – Con sus comentarios, el periodista Fernando Peña podrá ser directo y a veces hasta muy severo con sus puntos de vista sobre alguien o algo en particular, pero insinuar a priori que el profesional de la comunicación pueda estar vinculado a casos de difamación y extorsión en medios digitales, creo que es exagerado.
Peña, ex vicepresidente nacional del Comité Ejecutivo del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en sus 40 años de ejercicio profesional, siempre ha encarado con valentía acciones de carácter social y político que a lo mejor ha lacerado intereses particulares o imagen partidaria en un momento determinado.
Quienes conocen a Fernando y su trayectoria en los medios de comunicación saben que en su carrera profesional no lo pueden comparar con ciertos personajes que hoy enfrentan procesos judiciales por sus conductas inapropiadas, ataques directos y sin fundamentos que afectan la moral y el buen nombre de funcionarios y otras figuras públicas del país.
Como lo ha solicitado el propio periodista y director del portal Frontera 25, las autoridades deben aclarar todo a la opinión pública nacional. Fernando ha manifestado que es falso de toda falsedad que haga un ejercicio periodístico de chantaje y presión mediática. Fernando Peña se puso a disposición del Ministerio Público para esclarecer las acusaciones vertidas en su contra.
Entendemos que las autoridades deben reconsiderar el contenido de ese comunicado e investigar primero y a profundidad antes de “meter en un mismo saco” a mansos y cimarrones.
Una cosa es que Fernando Peña, sea para mucha gente, un periodista directo y contestatario, pero esa actitud está muy lejos de ubicarlo como un difamador y extorsionador como se ha querido presentar en la sociedad. Si estoy equivocado, solicito que me demuestren lo contrario.
Considero que el caso de Fernando Peña, como el de cualquier otro ciudadano, debe ser tratado con firmeza, pero con cierto grado de prudencia, más aun, cuando esas acusaciones provienen de autoridades competentes.
No podemos condenar reputaciones por simples denuncias, investigaciones a medias y sin juicio previo.