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La crisis política que atraviesa Perú ya dejó un saldo provisional de dos muertos, una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y un clima de violencia por las represiones policiales que sufren las protestas masivas de ciudadanos que están a favor del expresidente Pedro Castillo y en contra de la nueva presidenta, Dina Boluarte.
También hay incertidumbre sobre el futuro de Castillo, ya que México insiste en otorgarle asilo, pero la Justicia peruana quiere juzgarlo por diversas causas de presunta corrupción y por los delitos que habría cometido el miércoles pasado, cuando anunció la disolución del Congreso y un «gobierno de emergencia excepcional» que no recibió el apoyo de ninguno de los poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– ni de las Fuerzas Armadas.
Ese día terminó de estallar la tensión que prevalecía en Perú desde que Castillo asumió el 28 de julio del año pasado. Y el clima de crispación solo ha ido en aumento.
Se ha reflejado, por ejemplo, en la denuncia constitucional en contra de Castillo que este lunes presentó ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavidez, quien lo acusa de los delitos de rebelión y conspiración.
También se ha reflejado en los debates parlamentarios, que tuvieron uno de sus puntos culminantes el domingo, cuando el congresista Pasión Dávila, de Perú Libre, le propinó un puñetazo por la espalda a Juan Burgos, de Avanza País, en una sesión que tuvo que suspenderse para evitar una gresca generalizada.
Por otra parte, continúa el estado de emergencia en los departamentos de Apurimac, Arequipa e Ica, en donde se han llevado a cabo algunas de las protestas más numerosas por parte de ciudadanos que desconocen a Boluarte y exigen la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y el adelantamiento de las elecciones.
En las manifestaciones murieron Becan Quispe Garfias, de 18 años, y un adolescente de 15 años. Ambos fueron baleados. A ellos se les suman más de 30 heridos que han sido trasladados a hospitales.
Las protestas no ceden. Se reflejan en la toma de aeropuertos locales, bloqueos de carreteras, incendios de comisarías y marchas de comuneros que ya anunciaron que esta semana llegarán a Lima para defender al expresidente.
En respuesta a las movilizaciones, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, reveló el despido de los prefectos que fueron nombrados por Castillo, y a quienes acusó de incentivar las protestas de los últimos día.
Adelanto de elecciones
Con el número de víctimas en alza, Boluarte anunció que presentará al Congreso una iniciativa para que las elecciones se realicen en abril de 2024.
«En los próximos días remitiré un proyecto de ley de adelanto de elecciones para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento», dijo la nueva mandataria en la madrugada de este lunes.