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Una mujer presentó una querella con constitución en actor civil contra 14 personas vinculadas a la investigación denominada Senasa 2.0-A y contra el Centro Médico Universal, tras denunciar que su identidad fue suplantada y que su firma habría sido falsificada para tramitar servicios médicos que asegura nunca solicitó, autorizó ni recibió.
La querella fue depositada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por María de los Milagros Flores Ovando, a través de sus abogados Raudys Leonardo Fernández Rodríguez, Delsa González y Niki Rafael Minaya Jáquez.
La acción legal señala a la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez y al Centro Médico Universal, así como a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquez y a los doctores José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, entre otros.
De acuerdo con la instancia, los querellados estarían vinculados a una estructura investigada por el Ministerio Público en el marco de la operación Senasa 2.0-A, a la que la denunciante atribuye una supuesta maniobra para obtener recursos mediante la utilización fraudulenta de datos de afiliados.
Según expone Flores Ovando, los involucrados habrían accedido sin autorización al sistema informático del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para obtener su expediente y datos de afiliación.
Posteriormente, siempre de acuerdo con la querella, habrían contactado el call center de la institución haciéndose pasar por ella con el propósito de obtener autorizaciones para procedimientos y cirugías que la denunciante afirma que nunca solicitó ni recibió.
La instancia sostiene además que los doctores José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo habrían completado y sellado formularios oficiales de reclamaciones médicas utilizando una firma atribuida a la querellante.
PERITAJE DEL INACIF
Como parte de sus alegatos, los abogados hacen referencia a una experticia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), fechada el 17 de septiembre de 2025, que, según afirman, determinó que las firmas contenidas en los documentos analizados no correspondían a la de Flores Ovando.
La pericia habría examinado formularios de reclamaciones médicas correspondientes a finales de julio de 2024, por montos de RD$11,664 y RD$500.
La querellante sostiene que nunca recibió los servicios médicos relacionados con esas reclamaciones ni autorizó a terceros a utilizar su identidad para gestionarlos.
Los abogados alegan, además, que una vez efectuados los desembolsos, algunos de los médicos involucrados supuestamente entregaban entre el 40 % y el 60 % de las sumas recibidas a personas que formarían parte de la estructura investigada, mediante transferencias bancarias y depósitos a terceros.
De acuerdo con el escrito, la modalidad investigada habría generado operaciones por un monto superior a RD$41.1 millones.
SOLICITA PRISIÓN PREVENTIVA Y APERTURA A JUICIO
En su querella, Flores Ovando solicita al Ministerio Público que profundice las investigaciones y, una vez concluida la fase correspondiente, presente acusación y requiera la apertura a juicio contra los señalados.
También solicita la imposición de prisión preventiva, así como embargos y otras medidas conservatorias sobre los bienes de los imputados, conforme a los resultados de la investigación.
En caso de que el proceso avance hasta juicio, la querellante reclama una condena de 20 años de prisión para los responsables y una indemnización conjunta y solidaria de RD$20 millones por los daños y perjuicios que, según sostiene, le habría ocasionado la utilización de su identidad y firma.
Los hechos denunciados fueron provisionalmente vinculados en la instancia a los delitos de asociación de malhechores, falsedad de firmas, uso de documentos falsos y estafa.
LD