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SANTO DOMINGO.– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizará el estudio “Mejor prestación de servicios para el crecimiento inclusivo en la República Dominicana», con el objetivo de ayudar al país en la evaluación y consolidación de sus políticas públicas, mediante un acuerdo que será ejecutado a través del Ministerio de Administración Pública (MAP).
El estudio también incluirá programas para el gobierno electrónico y la simplificación administrativa como herramientas para la prestación de mejores servicios a la ciudadanía.
El acuerdo fue firmado por el ministro del MAP, licenciado Ramón Ventura Camejo, y el director ejecutivo de la OCDE, Anthony J. Rottier. Por la OCDE también firmó Rolf Alter, director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial.
El compromiso se centrará en el uso del gobierno electrónico como herramienta impulsora para simplificar las interacciones administrativas entre los ciudadanos y los poderes públicos para la prestación de servicios, según lo informado por el periodista Luís Céspedes Peña.
El ministro Ventura Camejo destacó la importancia de la realización de la evaluación por parte de la OCDE. Dijo que la cooperación constituye un aporte fundamental para poder perfeccionar la gestión pública en el país, entrando los esfuerzos en brindar mejores servicios a los ciudadanos.
“Las recomendaciones que emanen de este estudio de la OCDE, también contribuirán a hacer más efectivo el gobierno electrónico y a garantizar que las políticas de simplificación administrativa, posibiliten que el crecimiento económico del país sea más inclusivo en beneficio de nuestra población, un objetivo del gobierno que encabeza el Presidente Danilo Medina”, indicó el funcionario.
Se destaca que a pesar de que la simplificación administrativa y gobierno digital pueden facilitar la prestación de servicios de forma conjunta, la experiencia en una serie de países de la OCDE muestra que estas áreas son a menudo percibidos como independientes y organizados en unidades organizativas distintas”.
El acuerdo plantea que el efecto combinado de mejora de la legislación a través de la simplificación administrativa y el gobierno digital, debe proporcionar servicios a los ciudadanos y las empresas.
Se busca reducir las desigualdades y promover la equidad de la calidad de vida.
El estudio se basará en la evaluación de las políticas actuales, estrategias, marco legal, regulatorio, las capacidades, los recursos institucionales, herramientas de rendimientos para llevar a cabo la simplificación administrativa y la prestación de servicios digitales.
También se tomará en cuenta el potencial para la reducción de cargas administrativas, la simplificación de la prestación de servicios a los ciudadanos habilitados por la simplificación, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.
Otros aspectos a considerar son los portales de gobierno en línea, las ventanillas únicas electrónicas, canales móviles, la alineación de los servicios, los procesos, los sistemas de gestión de intercambio de datos e informaciones..
Será considerada importante la evaluación de la participación de los principales actores en las políticas públicas y la adaptación a las necesidades de los usuarios de los servicios, sin olvidar la transformación, la capacidad de desafíos culturales dentro del sector público, para apoyar los avances en la simplificación administrativa.
El estudio debe presentar un conjunto de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, sobre la forma de fortalecer, mejorar las políticas, estructura institucional, aplicación de la simplificación o las estrategias de gobierno digital.
Para la realización del estudio, los expertos de la OCDE llevarán a cabo encuestas y entrevistas con funcionarios u otras partes interesadas. Eso abarcará a diferentes niveles jerárquicos, con el objetivo de obtener una visión de primera mano de las preocupaciones políticas, retos y oportunidades relevantes, para la revisión en el contexto de la República Dominicana.
Este será el segundo estudio que realiza la OCDE en el país, a pedido del gobierno dominicano. Anteriormente, en abril del 2014, fue presentada una investigación llevada a cabo por los expertos de la OCDE. Ese estudio fue sobre el tema de los recursos humanos en la administración pública dominicana.
Entre las recomendaciones de ese entonces, la OCDE se planteó hacer una planificación de la fuerza laboral pública y el control de su crecimiento, que implicara costos para lo cual precisaba que era necesario tener la información precisa sobre la cantidad, estructura, distribución del empleo público o masa salarial.
Según el reporte presentado en 2014, uno de los instrumentos que más podía ayudar en ese proceso era el desarrollo del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).