La Unión Neolonesa de Padres de Familia y la Secretaría de Educación de Nuevo León (México) han repartido 892 mochilas transparentes en la escuela secundaria técnica Emilio Guzmán Lozano de Monterrey para inhibir a los estudiantes que pretendan llevar armas o materiales prohibidos al centro educativo.
Luz María Ortiz, integrante de esa asociación, asegura que los progenitores «somos conscientes» de que estrategia para combatir la violencia y mejorar la seguridad en los planteles escolares «no es una solución», pero valora que se trata de «una señal de cambio» porque, «como padres de familia, debemos estar vigilando la salud de nuestros hijos».
Por su parte, el secretario de educación de Nuevo León, Arturo Estrada, habría destacado que se trata de una buena medida de seguridad, aunque habría subrayado que no es obligatorio utilizar esos artículos y habría recalcado que son las familias quienes deben inculcar valores desde el hogar.
En total, las autoridades entregarán 2.500 mochilas, parte de las cuales fueron donadas por Waldo Fernández, un diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La tragedia
Este enero, un joven de un colegio privado disparó en pleno salón contra sus compañeros y una maestra antes de suicidarse. Esa tragedia revivió la opción de que las autoridades educativas revisen las mochilas de los estudiantes, una opción en la que se tratan de combinar los derechos de los menores y el modo en que se podría detener la violencia escolar que vive México.
La discusión ya tiene una década —desde que comenzó la lucha oficial contra el narcotráfico en ese país latinoamericano— y algunas organizaciones estiman que los resultados no son medibles. Por ejemplo, en 2009 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos valoró que la revisión de mochilas, como parte de un programa más amplio llamado Escuela Segura, no atacaba el origen del consumo de droga y la violencia: «la ruptura del tejido social», consolidada por «un quehacer gubernamental ineficiente».
Según la última evaluación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre acoso y violencia en los recintos educativos, México es el país con más casos de acoso infantil y juvenil de las 34 naciones que componen ese organismo, con 18 millones de menores víctimas de ‘bullying’ cada año que, en ocasiones, provocan intentos de suicidio y consumo de estupefacientes.