José Alfredo Espinal
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Santiago.- Al menos ocho casos de muertes de presuntos delincuentes ocurridas recientemente en esta demarcación durante los denominados enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional, están bajo investigación por el Ministerio Público.
La información fue ofrecida este miércoles por la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, quien aseguró que el órgano persecutor está realizando levantamientos de lugar y toma de declaraciones a testigos y personas del entorno para esclarecer las circunstancias en que perdieron la vida.
Al ser consultada sobre las personas que se han entregado voluntariamente tras ser buscadas por la Policía, la magistrada explicó que todos han sido presentados ante los tribunales, aplicándoseles distintas medidas de coerción, que van desde controles judiciales hasta prisión preventiva.
Acerca del «Código 29» cuando es dado de baja un presunto delincuente y los cuestionamientos a los denominados intercambios de disparos, Abreu precisó que el Ministerio Público no reconoce dicha terminología y que su rol se fundamenta estrictamente en la persecución del delito sin distinción de personas o rangos.
«Nosotros no miramos apellido ni nombre; el que infringe la norma, se le hacen los procesos que correspondan», aseguró la fiscal titular de Santiago, al ser consultada por los periodistas durante su participación en la misa por acción de gracias de la Policía Nacional en la celebración del santo patrón de la institución San Judas Tadeo, en la Catedral Santiago Apóstol.
La magistrada Quirsa Abreu hizo un llamado a la sociedad a confiar en el trabajo que realiza la institución y garantizó que, en caso de hallarse evidencias de actuación al margen de la ley, cualquier implicado, sea civil o militar, será procesado y llevado ante la justicia competente.
“A la sociedad y a la comunidad le decimos que confíen y que le den la oportunidad al Ministerio Público de verificar caso a caso, ver las circunstancias en la que se dan y que tengan la certeza y seguridad de que el Ministerio Público, siempre que tenga los argumentos y las evidencias necesarias, en caso de que resulte oportuno, pues será no solamente un castrense, sino un ciudadano procesado y sometido a la autoridad judicial competente”, afirmó.