Carlos Tejeda
Filadelfia, Estados Unidos.– Recientemente, la diputada dominicana Altagracia de los Santos propuso ante el Congreso Nacional la creación del Ministerio del Hombre, con el objetivo; según sus propias palabras, de equilibrar las estructuras institucionales que ya contemplan al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de la Juventud, pero no una representación específica del hombre.
“Aquí tenemos el Ministerio de la Mujer, el de la Juventud, pero no el del Hombre. No hay equidad. Y nosotros sabemos que para existir, el hombre es muy importante”, expresó la legisladora al ser abordada por periodistas a las afueras del Congreso.
Si bien la iniciativa nace de una preocupación legítima, la de buscar espacios de atención para el hombre en medio de una sociedad con dinámicas cambiantes, cabe preguntarse: ¿es esta la vía más adecuada?
La intención es válida, pero el enfoque puede mejorar.
Nadie duda que los hombres también enfrentan retos sociales, emocionales y estructurales. Temas como la salud mental masculina, la paternidad responsable, la violencia intrafamiliar que los afecta, así como los estigmas culturales, merecen atención desde políticas públicas. En ese sentido, la intención de la diputada es válida y oportuna.
Sin embargo, crear un nuevo ministerio representa una carga económica significativa para el Estado. Implica oficinas, personal, presupuesto, burocracia… y en el contexto actual de la República Dominicana, hablar de austeridad y eficiencia no debería ser solo un discurso, sino una práctica.
¿Y si unificamos? Ministerio de la Familia
En vez de seguir multiplicando ministerios por segmentos poblacionales, proponemos una alternativa más integral y sostenible: el Ministerio de la Familia. Esta entidad podría abarcar de forma inclusiva las políticas orientadas a hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores, promoviendo no la división institucional, sino la integración y el fortalecimiento del núcleo familiar desde una perspectiva de equidad y corresponsabilidad.
Un Ministerio de la Familia no solo evitaría el gasto de crear más estructuras, sino que podría reducir la nómina pública, simplificar programas sociales dispersos y enfocar los esfuerzos en políticas con mayor impacto transversal.
En lugar de ministerios por cada grupo, que podrían competir por recursos y protagonismo, se trata de construir puentes de inclusión desde un modelo que abrace a todos.