José Alfredo Espinal
Santiago, República Dominicana. – Todos los gobiernos de todos los partidos políticos han sido, de una manera u otra, víctima de funcionarios que rompen la norma en perjuicio del erario.
La práctica se ha sistematizado por décadas y ya forma parte de la idiosincrasia del ser humano. El funcionario dominicano no se excluye de una realidad que cada vez más se adueña de una sociedad que está dando muestra de cansancio y de desesperación por la descarada feria de acciones indecorosas.
Pero una cosa es segura; la corrupción no acabará definitivamente. Por más leyes y controles que existan, nunca será fácil extirpar el mal de la corrupción que muchos llevan en la sangre.
Perseguir y aplicar todo el peso de la ley contra todos aquellos que violenten las normas, es y será la única alternativa que sirva de una vez y por todas como ejemplo para frenar la hemorragia que corroe a la sociedad dominicana, de manera particular.
Ya se ha demostrado que la buena voluntad no es suficiente para atacar la corrupción administrativa. Se requiere de una decisión más firme y sin compromisos sectorizado, como se ha podido observar últimamente. Esto, sin duda, también necesita el respaldo de todos los actores de la sociedad. El pueblo quiere y desea que la lucha contra la corrupción no sea una batalla de colores de partidos; demanda que el castigo esté dirigido a todos los responsables de robarle al Estado dominicano, sin importar de quien se trate.
Además de los buenos deseos y los esfuerzos, son las condenas judiciales ejemplares las que serán señales de esperanza en las que habrá que esperar para comenzar a ver cambios significativos en la lucha contra la corrupción en el país.
Los esfuerzos se ven, pero el resultado, según muchos ciudadanos, no genera tanta expectativa, mientras el pueblo está esperando ansiosamente para ser testigo de la historia al menos con una sanción que reviva la fe perdida. La condena a la corrupción debe y tiene que contar con el respaldo de todos.