José Alfredo Espinal
Santiago.- La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y otros 64 gremios aliados expresaron su respaldo a las medidas del Gobierno central sobre el sector arrocero nacional y al tiempo que piden un plan competitivo y sostenible ante la apertura del mercado para proteger esta industria, especialmente en la región del Cibao.
Consideran que ante la derogación de las medidas de protección arancelaria del arroz mediante el Decreto No. 635-26, esta decisión puede provocar, medidas de gran impacto en los productores nacionales y en las comunidades cuya economía depende de este cultivo.
“Respaldamos las medidas que ha de implementar el gobierno e instamos a atender con urgencia dicha situación ya que un aumento de las importaciones, sin apoyos suficientes para mejorar la competitividad local, puede reducir los ingresos del productor, agravar su endeudamiento y obligar a pequeños y medianos agricultores a abandonar la actividad”, afirmaron durante una rueda de prensa.
El presidente de la ACIS, Marcos Santana, quien fungió de vocero, dijo que los efectos alcanzarían también a trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, proveedores y comercios. Valoramos la disposición de escuchar y atender esta situación de parte de nuestras autoridades.
“Esperamos que las disposiciones anunciadas se traduzcan en acciones oportunas, con recursos definidos, mecanismos transparentes y participación de las organizaciones de productores”, dijo.
En ese sentido, la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) y las 64 asociaciones aliadas expresan su respaldo a las medidas que adopte el Gobierno dominicano en favor del sector arrocero, entendiendo que las mismas deben mantenerse, fortalecerse y ampliarse mediante disposiciones adicionales que permitan compensar temporalmente la pérdida de competitividad de los productores nacionales.
Indicaron que este acompañamiento debe garantizar condiciones razonables para la continuidad de la producción, mientras se ejecutan las transformaciones necesarias para que el sector alcance niveles de competitividad que le permitan desenvolverse de manera sostenible frente a las importaciones y las exigencias del mercado internacional.
“Solicitamos que la respuesta a esta situación contemple financiamiento en condiciones viables, facilidades para atender las deudas de los productores afectados, reducción de costos, mejoras del riego, mecanización, asistencia técnica y mecanismos que faciliten la comercialización de la cosecha nacional. Estas acciones deben integrarse en un plan de competitividad con responsables, plazos y resultados verificables”, expresaron.
Las entidades reconocen la importancia de los compromisos comerciales internacionales y las garantías de los precios accesibles para los consumidores, pero que corresponde al Estado conciliar esos objetivos con la continuidad de la producción nacional, utilizando los instrumentos compatibles con dichos compromisos.
“Los paliativos anunciados deben ser el inicio de una solución duradera. El productor necesita condiciones que le permitan sembrar, recuperar su inversión y continuar trabajando con una rentabilidad razonable”, añaden.