Justicia y Transparencia intima mediante acto de alguacil a la Cámara de Cuentas

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), intimó mediante acto de alguacil a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, para que cumpla y haga cumplir la ley 311-14, sobre declaración jurada de bienes, bajo reservas de ser sometidos a la acción de la justicia mediante amparos de cumplimiento y por negación al acceso a la información pública.

Trajano Vidal. Presidente de la FJT.
Trajano Vidal. Presidente de la FJT.

Trajano Potentini, presidente de la entidad de sociedad civil, recordó que el pasado 8 de agosto se aprobó la referida ley, sustituyendo a la cansada y obsoleta disposición # 82-79 y con ello estableciendo un sistema para la elaboración, recepción y seguimiento de las declaraciones juradas de bienes, bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas como órgano rector.

Potentini, destaco que la nueva ley abarca un universo de más de dos mil (2,000) funcionarios públicos, además de incluir un sistema de consecuencias que contempla la destitución de los funcionarios infractores y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción administrativa.

Justicia y transparencia deploró que la cámara de cuentas se esté convirtiendo en cómplice de los funcionarios infractores, al tiempo de exigirle que a la mayor brevedad posible cumplan con las responsabilidades puestas a su cargo, de respetar y hacer cumplir la ley 311-14, tramitando sin más dilación y por ante el Ministerio Publico el listado contentivo de los funcionarios infractores y renuentes a cumplir con la referida ley, luego de haberse vencido ventajosamente el plazo previsto por la ley, con el objeto de que los mismos sean procesados penalmente.

De igual forma la entidad hizo reservas, en virtud del doble propósito del acto notificado, como intimación y requerimiento de información pública, de que una vez también vencido el plazo previsto por la ley 137-11, sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales,(15 días) se procedería a radicar en contra de la Cámara de Cuentas un amparo de cumplimiento, a los fines de vencer la inercia y manifiesta negligencia y desprecio por la institucionalidad de la Cámara de Cuentas, al no cumplir ni hacer cumplir las responsabilidades puestas a su cargo. Al tiempo de advertirle que el no atender nuestro pedido le haría cómplice de los funcionarios infractores, y en consecuencia violadores directos de la ley  311-14, por irrespetar e inobservar sus mandatos como órgano rector.

Potentini lamentó que en tan emblemático y significativo día, 9 de diciembre conmemorando la lucha contra la corrupción, por disposición de Naciones Unidas, estemos con la incertidumbre de una ley sobre transparencia, abandonada a su suerte, sin dolientes y ante la eventual complicidad del órgano responsable de hacerla cumplir.

La FJT pidió al Poder Ejecutivo disponer inmediatamente la cancelación de los funcionarios violadores de la ley, con el objeto de mandar una señal clara del compromiso estatal de luchar contra la corrupción lograr, al tiempo de manifestar que las motivaciones que conducen a la intimación y solicitud de información responden al propósito de la entidad, de velar por la institucionalidad y el cabal cumplimiento de aquellas leyes orientadas a procurar mayores niveles de transparencia en el manejo de la cosa pública.

El acto de intimación fue entregado en el local de la Cámara de Cuentas, por una comisión de la función, encabezada por su presidente y los directivos, Licda. D’anyeliz Vilorio, Marcos Encarnación, Víctor Rogelio Benavides y el ministerial Michael Encarnación.