José Alfredo Espinal
Santiago.- El exvicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), José Miguel Minier, advirtió sobre los desafíos de aplicación del nuevo Código Penal Dominicano, afirmando que, si las instituciones judiciales y el empresariado no asumen con urgencia sus nuevas responsabilidades, la normativa corre el riesgo de convertirse en un “fracaso total”.
Aunque el jurista considera como un avance positivo la inclusión de más de 70 nuevos tipos penales que no contemplaba la legislación anterior, tales como el bullying, el feminicidio y las estafas piramidales, criticó la falta de capacitación oportuna para los operadores del sistema.
Minier citó como novedad la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas la cual abarca tanto a las empresas como a sus administradores y miembros del consejo de administración.
“Antes, el fiscal preguntaba quién cometió el hecho; ahora, la pregunta para el empresariado será: ¿qué hiciste para prevenir el riesgo o el daño?”, explicó el abogado.
Subrayó que los programas de cumplimiento normativo o compliance se convertirán en un elemento eximente crucial para las empresas y llamó al sector privado a asesorarse e implementar dichos planes sin demora durante los tres meses de gracia otorgados a los artículos que abarcan estos.
José Miguel Minier mencionó precedentes internacionales como la tragedia de la discoteca Cromañón en Argentina (2004), donde fallas en las medidas de seguridad derivaron en condenas para propietarios, autoridades civiles y cuerpos de socorro.
Con relación al régimen sancionador, el exvicepresidente del CARD calificó el cúmulo de penas como una forma disimulada de “cadena perpetua”, que desvirtúa el principio constitucional de la reeducación y reinserción social del condenado, al imponer sentencias que en la práctica resultan inalcanzables de cumplir con vida.
Asimismo, hizo un llamado de alerta a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial sobre la urgente necesidad de aumentar el presupuesto estatal con miras al año 2027. Según el jurista, la entrada en vigor de la norma exigirá la contratación de más fiscales, personal de apoyo, jueces y la habilitación de nuevas salas de audiencia para evitar el colapso de los tribunales.