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Santo Domingo, República Dominicana.- Magistrados de distintas jurisdicciones y departamentos judiciales del país ratificaron el llamado a paro pacífico de labores convocado para el próximo 21 de mayo, al considerar que la convocatoria realizada por el Consejo del Poder Judicial para el día 19 de mayo, aunque representa un reconocimiento tardío de la gravedad de la situación, no constituye por sí sola una respuesta efectiva, concreta ni suficiente frente a la profunda crisis institucional y laboral que afecta actualmente al sistema de administración de justicia.
Los jueces sostienen que durante años han venido soportando una carga laboral progresivamente insostenible, producto de la renuncia masiva de servidores judiciales, la falta de reposición oportuna del personal, el incremento exponencial de expedientes y una política de gestión que, según denuncian, ha invisibilizado las condiciones reales bajo las cuales opera gran parte de la judicatura nacional.
Aseguran que el deterioro no es una percepción aislada ni coyuntural, sino una realidad estructural que impacta directamente la salud física y emocional de jueces y empleados judiciales, así como la calidad y eficiencia del servicio que recibe la ciudadanía. En múltiples tribunales del país, magistrados deben asumir funciones extraordinarias, agendas saturadas y responsabilidades administrativas adicionales sin el personal de apoyo mínimo requerido para garantizar un servicio judicial digno y oportuno.
Los convocantes precisan que la convocatoria a una sesión del Consejo del Poder Judicial y la creación de una “ruta de trabajo” no suspenden ni neutralizan las razones que originaron el movimiento, debido a que hasta la fecha no se han anunciado medidas concretas, plazos verificables ni compromisos institucionales específicos orientados a solucionar los problemas denunciados. Indican que la experiencia acumulada en los últimos años ha demostrado que numerosos reclamos históricos de la judicatura han sido objeto de conversaciones y mesas de diálogo sin resultados materiales efectivos.
“El problema de fondo no es únicamente ser escuchados; es obtener soluciones reales y decisiones institucionales responsables frente a una situación que ha llegado a niveles críticos”, expresaron jueces participantes del movimiento.
Asimismo, destacan que el paro pacífico de labores constituye una medida excepcional y de última ratio, asumida únicamente después de agotarse múltiples vías institucionales, comunicaciones internas, solicitudes formales y esfuerzos de diálogo que no produjeron respuestas satisfactorias. Señalan que ningún juez desea afectar el servicio judicial ni alterar el normal funcionamiento de los tribunales, pero advierten que continuar laborando bajo las condiciones actuales también termina afectando gravemente la calidad del servicio de justicia y el derecho ciudadano a obtener decisiones oportunas y eficaces.
Los magistrados enfatizan que este movimiento no persigue confrontación personal contra ningún integrante del Consejo del Poder Judicial ni contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino resolver la crisis humana, institucional y operativa que desde hace varios años afecta al Poder Judicial y que requiere acciones inmediatas, responsables y sostenibles que aún no se realizan.
Igualmente, sostienen que defender condiciones mínimas para el ejercicio judicial también implica defender la independencia judicial, la dignidad de la función jurisdiccional y el propio derecho de acceso a una justicia eficiente. A su juicio, no puede existir una justicia fuerte, moderna y confiable sobre la base del agotamiento extremo de quienes sostienen diariamente el sistema judicial dominicano.
Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo auténtico y a la construcción de soluciones consensuadas, pero advirtieron que dicho diálogo debe estar acompañado de decisiones concretas, transparencia institucional y garantías reales de cumplimiento. Mientras ello no ocurra, el llamado a paro pacífico de labores para el 21 de mayo permanece ratificado.
”Este paro no nace de la comodidad ni de intereses particulares. Nace del agotamiento de una judicatura que durante demasiado tiempo ha intentado sostener en silencio un sistema cada vez más tensionado. Cuando todas las vías ordinarias parecen agotarse, la dignidad institucional obliga a hacerse escuchar.”