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El Bloque de Diputados del Partido Fuerza del Pueblo (FP), sometió un proyecto de resolución que solicita a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial para investigar el uso de fondos del Presupuesto Nacional destinados al uso de un plan nacional de asfaltado.
Con su propuesta los diputados de la Fuerza del Pueblo, buscan que la Comisión Especial, para investigar el otorgamiento de mil millones de pesos (RD$1,000,000,000) hecho por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a favor de la empresa ASIMRA en violación a la ley de Compra y Contrataciones, según lo denunciado por otro programa televiso.
También que establezca si el proceso de selección y adjudicación de 39 contratos por un valor RD$11,500 millones de pesos, en el Ministerio de Obras Públicas se hizo cumpliendo con la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06, también si las partidas destinadas a tales fines correspondían a la asignación contenidas en el presupuesto del año 2019.
“Los legisladores proponentes somos categóricos en señalar que los referidos hechos están configurados como infracciones de naturaleza penal y en vista de que el Ministerio Público no se ha apoderado de una investigación a los hechos denunciados, los legisladores nos vemos precisados a jugar nuestro rol constitucional de fiscalización y control de las actuaciones de los demás poderes del Estado por lo que estamos solicitando la creación de la referida Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados”, dijo Henry Merán vocero del bloque de diputados.
A parte de Merán estuvieron presentes, los diputados Demóstenes Martínez, Johanny Mercedes Guzmán, Yuderka de la Rosa, entre otros.
“En nuestra condición de representantes de nuestros electores y en nuestra función fiscalizadora estamos velando que las personas naturales o jurídicas involucradas no perciban fondos estatales para fines personales o políticos mediante procedimientos ilegítimos”, indicaron.
En la resolución los legisladores de la Fuerza del Pueblo, solicitan que una vez creada la Comisión los legisladores reclamarán que todas las empresas y personas beneficiadas con los referidos contratos sean citadas e investigadas, y que esa experticia se lleve a cabo acompañado de los medios de comunicación, las organizaciones sociales y comunitarias correspondientes a las demarcaciones que según los referidos contratos serían intervenidas en el plan de asfalto, por el Ministerio de Obras Públicas.