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Mientras los siete detenidos por el escándalo del contrato de los semáforos pasaban su segunda noche en prisión, el ministerio público avanza en la preparación de la medida de coerción que depositara hoy en contra de Jochi Gómez, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y otros cinco arrestados durante la operación Camaleón.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), agilizan las instancias debido a que el plazo de las 48 horas que establece la Constitución vence hoy alrededor de las 8:00 de la noche, desde el mismo momento que fue dejado detenido Gómez, en la Procuraduría General de la República.
La instancia será depositada hoy ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde solicitarán al juez que ordene prisión preventiva y también podrían solicitar declarar el caso complejo.
El grupo, integrado además por Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados están representados por los abogados Carlos Balcacer y Carlos Olivares, quienes defenderán a Jochi Gomez, mientras que Laura Acosta y Luis Rivas, asistirán a Hugo Beras.
Los juristas Nolasco Rivas y Michel Pérez Fuentes asistirán como defensores de Frank Díaz, mientras que los doctores Miguel Liria y John Frías, defenderán a Francisco Álvarez y el abogado José Valdez Fernández asumirá la defensa de Padovani Báez.
El ministerio público acusa al grupo de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados se encuentran recluidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (CAPLIP-2), de donde serán trasladados al tribunal que decidirá sobre la imposición de prisión preventiva.
Durante la operación, desplegada en la noche del miércoles, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En estos operativos participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Los fiscales informaron que durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del ministerio público, que los ha calificado como unos de las “más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.