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Como un verdadero e inédito escándalo calificó Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, el espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “dependiendo directamente de Mauricio Macri” cuando éste gobernaba.
Las investigaciones señalan el uso de narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político a opositores como a sus propios dirigentes.
Cristina se presentó, convocada por el juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, para reconocer la autenticidad del material del espionaje ilegal en su contra. Acompañada por su abogado Carlos Beraldi, inauguró lo que será un largo desfile de las víctimas de los seguimientos encabezados por la AFI.
El juez, junto a la fiscal Cecilia Incardona le dio una extensa y detallada explicación sobre las maniobras encabezadas por un grupo de al menos dieciocho personas. Integrado por policías, agentes, abogados, periodistas, policías bonaerenses, narcos y barras bravas, la banda de espionaje paralelo se llamaba a sí misma “SuperMarioBros”.
Apoyado con un pizarrón en donde fue dibujando todas las líneas de investigación, el magistrado le hizo a Fernández un informe pormenorizado de las numerosas operaciones y los seguimientos. Así, Villena fue describiendo cada uno de los hechos:
Fotos de la expresidenta entrando o saliendo del Instituto Patria y de su domicilio en Recoleta.
Operaciones de infiltración en actos de Unidad Ciudadana para producir disturbios.
Informes detallados sobre reuniones en el Instituto Patria.
Informes sobre llamadas telefónicas y reuniones tendientes a un acercamiento entre Cristina Fernández y Sergio Massa.
Informes, fotos y videos de diferentes personas entrando o saliendo del Instituto Patria y del edificio de la calle Juncal, donde vive.
Numerosas grabaciones de conversaciones entre los propios agentes del grupo “SuperMarioBros”, donde dicen, por ejemplo: «Mañana tenemos que hacer la observación del Patria». Son diálogos concretos sobre las operaciones que hacían.
La ex mandataria mencionó la complicidad de la Corte Suprema en la difusión ilegal de escuchas de las que fue víctima, y señalar el papel cumplido por los medios masivos de comunicación en este armado de persecución política.
La causa por espionaje ilegal fue abierta después de la reciente denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó archivos que evidencian la ilegalidad de lo actuado en el espionaje a cientos políticos, jueces, periodistas, intelectuales, sindicalistas, empresarios, religiosos y otros, sin orden judicial.
El juez Villena decidió citar como testigos a las víctimas del espionaje en el marco de la causa que abrió en 2018 al investigar “una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local”, por medio de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad.
Se trataba de un narcotraficante, Sergio “Verdura” Rodríguez, quien destapó un escándalo de proporciones cuando fue detenido y para salvar a su familia procesada, reveló que un abogado y espía de la AFI, Fernando Melo, le pidió que dejara un paquete bomba en la casa del ex secretario de Defensa, José Luis Vila, para darle “un susto”.
Esto permitió encontrar documentación que acreditaría los seguimientos y vigilancias a diversos sectores desde entonces. También ahora se uniría la causa por el espionaje a los presos políticos y sus abogados, otro escándalo de envergadura durante el gobierno de Macri.
“Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho en la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada”, dijo la vicepresidenta en Twitter.
“Me acuerdo por ejemplo cuando en marzo de 2017 se difundieron ya célebres escuchas de mis conversaciones con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Nación”, comentó.
El presidente, Alberto Fernández, anunció la expropiación de la empresa de alimentos agroexportadora Vicentín, que después de solicitar un préstamo millonario concedido en forma ilegal por el Banco de la Nación durante el gobierno de Macri, no sólo no lo devolvió sino logró otras grandes sumas de dinero, mientras se preparaba para declararse en quiebra.
Fernández explicó que la administración pública tomaría el control de 51 por ciento de la compañía, que ocupa el sexto lugar en sector agroexportador y se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por 350 millones de dólares que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una suma total de mil 350 millones de dólares y que está en concurso preventivo de acreedores camino a la quiebra y consideró que con esta medida está dando pasos “hacia la soberanía alimentaria”, y que esto se discutirá en el Congreso. “Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y el Infierno”, dijo irónicamente.
La Jornada y Página 12