Empresarios solicitan a Tribunal Constitucional no dar luz verde a monopolio

Servicios/Caribbean Digital

Señalan que Rayos X en manos privadas afecta los costos de todas las cargas. 

Santiago de los Caballeros.-Las entidades empresariales de Santiago y la región norte consideraron fundamental que el Tribunal Constitucional haga respetar la Carta Magna y no otorgue luz verde a un contrato que otorga una concesión de sistema de rayos X a favor de una empresa privada, ya que esto equivaldría a permitir un monopolio a favor de particulares.

Las entidades que firman la nota de prensa son: Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago.

Considerar como bueno y válido este contrato, indica una nota de prensa de estas instituciones, pone en manos privadas un servicio que resulta estratégico para la seguridad del país, afecta de modo significativo los costos de todas las cargas –tanto exportaciones como importaciones- y debilita las recaudaciones del Estado.

Expresaron que no se oponen al servicio por sí mismo, pero no debe ser en manos particulares. Además, consideraron que un servicio como este debería apuntar a rebajar costos, ya que se supone que la automatización del proceso de verificación de los contenedores estaría llamado a crear un ahorro y a incrementar la eficiencia de este proceso.

Las entidades empresariales de Santiago y la Región Norte respaldaron los pronunciamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada en el sentido de que una sentencia contraria a los principios de la libre competencia causaría graves daños a la confianza que se necesita en un clima de negocios que se sostenga en el respeto a las leyes y a la Constitución. Además, los principios constitucionales y las leyes prohíben las prácticas anticompetitivas y las situaciones de monopolio.

Consideraron que la implementación de este servicio le corresponde a la Dirección General de Aduanas. Apoyar las pretensiones de la empresa que quiere instalar estos rayos X no es sólo inconstitucional, es también irracional.