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SANTIAGO, República dominicana. Un conjunto de instituciones empresariales, comerciantes y sociales de la provincia y el Cibao, constituida en el movimiento Iniciativa “Santiago por la seguridad ciudadana”, advierte que no habrá mejoría en la prevención y represión del delito, si no se pone mayor atención al servicio a la justicia penal, la conciencia ciudadana y a los centros correccionales.
Igualmente, propusieron la firma de un gran acuerdo nacional de esfuerzos sobre el tema de la inseguridad que incluya todos los poderes públicos, sus órganos, sectores representativos de nuestra sociedad, con tres características básicas: incluyente, efectivo y con una agenda programática posible.
Durante un encuentro promovido por la ACIS y la Fundación Vanessa con las principales autoridades judiciales, policiales y la procuraduría en esta ciudad, dijo que se hace necesario articular una permanente campaña de concienciación social a través de los medios de comunicación y las redes sociales que destaque el valor en sociedad que tiene la seguridad ciudadana. También propusieron la necesidad de empoderarse del tema, y que, al mismo tiempo, se oriente a la población sobre cómo prevenir el delito o requerir una rápida atención de la autoridad ante estos hechos.
“De poco valdrá el esfuerzo institucional y social realizado en esta materia, si al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey y al Centro de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley penal del sector de Pastor, Bella Vista, no se les presta la atención debida”, advirtieron las entidades sociales, representada por la ACIS y Fundación Vanessa.
Sostuvo que en compromiso Santiago por la seguridad ciudadana” estamos plenamente conscientes de que el tema de la seguridad ciudadana es vital para la armónica convivencia social y el desarrollo de la provincia, del país; en fin, el sostenimiento del sistema democrático”.
Consideraron que el problema de la inseguridad ciudadana no es privativo de esta provincia y que tampoco es un fenómeno que responde a una sola causa; por el contrario, este se origina por una pluralidad de factores sociales, económicos, educativos, institucionales, legales.
“Estamos muy convencidos de que la ciudadanía debe tener una participación proactiva en exigir al Estado y a sus órganos, definir, pero sobre todo ejecutar, políticas públicas que en verdad prevengan y enfrenten eficazmente este problema, entiéndase, garanticen los derechos que todos tenemos a vivir en sociedad, libres de temores”, señalan.
Al mismo tiempo, abogaron por la integración de la ciudadanía y sus instituciones civiles representativas a la búsqueda de soluciones sostenibles para, por lo menos, mitigar esta preocupante situación, porque “ no hay fórmula mágica y única para resolver el problema, pero la inseguridad sí debe y puede atenuarse con el esfuerzo concertado de todos”.
Dentro del marco de la propuesta establecen, que la inseguridad ciudadana es un problema, no solo local, sino nacional, grave y de todos, por lo que pidió se asuma como bandera, la suscripción de un Acuerdo Nacional sobre el tema.
Insisten que la seguridad ciudadana no se podrá prevenir y enfrentar eficazmente con los actuales niveles de impunidad que caracterizan a nuestro sistema político y judicial, por lo que , debe ser una prioridad nacional el combate frontal contra toda forma de impunidad judicial y corrupción.
Reconocen que enfrentar la inseguridad ciudadana requiere luchar, de forma consistente, contra los preocupantes índices de corrupción actuales, que constituyen un alto riesgo para el Estado, así como para las instituciones sociales y empresariales, donde los fondos distraídos por actos de corrupción de servidores públicos deberían ser usados en áreas tan vitales como la educación, la seguridad, la salud y la creación de empleos.
Sugiere el Compromiso Santiago que el Estado emplee todos los medios pertinentes para transparentar las actividades de la administración pública, eliminando así el tráfico de influencias, que es donde, sin duda, se incuba la corrupción.
Las instituciones entienden que como no hay forma posible de prevenir y reprimir de manera correcta la inseguridad ciudadana sin fortalecer y dignificar las instituciones públicas encargadas de manejar este tema, demandaron que al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional se les mejore sustancialmente la asignación presupuestaria.