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La Ley 10-15 del Código Procesal Penal continúa pendiendo de un hilo, ya que podría pasar el próximo 11 de diciembre a estado de derogada, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) detectara en 2024 algunas inconstitucionalidades en su contenido.
El TC otorgó un plazo de un año al Congreso Nacional para que resolviera los fallos. Si no acata la sentencia TC/076524 en el periodo establecido, la República Dominicana estaría obligada a retroceder en el tiempo al 2002. En esa fecha entró en vigencia el pasado Código Procesal Penal, antes de que fuese reformado en 2015.
Ante la premura que provoca esta situación, el Senado de la Repúblicaaprobó el pasado 28 de octubre un proyecto de ley que, además de resolver este conflicto constitucional, pretende preparar este marco procedimental para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, programado para el tercer trimestre de 2026.