Servicios/Caribbean Digital
SANTO DOMINGO./ La sentencia de seis meses de prisión y el pago de un millón de pesos que impuso una jueza de Nagua al periodista Johnny Alberto Salazar, además de violar el sagrado y caro derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, constituye un grave atentado contra el sano ejercicio del periodismo en una sociedad democrática.
Entendemos que esta sentencia no tiene base jurídica ni justificación alguna, porque en ese tribunal no se presentó ni una sola prueba que avalara la acusación de difamación e injuria que hizo el abogado y dirigente del MIUCA, Pedro Baldera, quien se ha unido con los peores intereses políticos y económicos de Nagua para conspirar contra un periodista honrado y responsable como lo es Johnny Alberto Salazar.
Ni los periodistas ni la sociedad dominicana podemos permitir que este atentado a la libertad de prensa se materialice. Apelaremos la sentencia y reclamaremos un juicio disciplinario contra la magistradaSalma Bonilla, quien deberá explicar cuales fueron las razones que tuvo para dictar una sentencia sin fundamento legal.
Esta jueza cometió otra arbitrariedad en el desarrollo del juicio al no permitir el acceso de periodistas y público, a pesar de estar consagrado en la Constitución de la República y sobre todo rechazar todas las pruebas presentadas por los abogados del periodista.
El derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento le ha costado muy caro a este pueblo y los periodistas estamos en el sagrado deber de preservarlo y defenderla a cualquier costo, no impulsa el escenario ni las circunstancias.
Es imposible preservar el Estado de Derecho sin una prensa libre e independiente, responsable y guardiana de los intereses de la mayoría, de aquellos que no tienen quien los defienda.
Johnny Alberto Salazar, es un periodista consagrado, director de una emisora de Nagua, que ha sido puesta al servicio de los mejores intereses pueblo, promoviendo todas las ideas, canalizando las denuncias y los reclamos de los sectores populares, denunciando la corrupción y el uso de los recursos públicos a favor de particulares, pero estos mismos sectores la quieren silenciar y no podemos permitirlo.
No es casual que en menos de tres meses Johnny Alberto Salazar esté sometido a la justicia, por la misma persona, por cuatro casos, como abogados en unas y agraviado en otras, estamos claros que hay una intención orientada a callar la voz de un medio de comunicación que ha sido crítico y con la orientación de un periodista que no teme a decir la verdad, caiga quien caiga.
Los periodistas defenderemos nuestro ejercicio profesional libre, sin ataduras de ninguna especie y seguiremos defendiendo los intereses del pueblo.
Ante tal atropello hemos notificados a la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP, Federación Internacional de Periodistas (FIP), y Comité Internacional de Protección del Periodista con sede en Nueva York, Periodistas Sin Fronteras, con sede en Francia, Instituto Internacional de libertad de Prensa, con sede en Viena, a los colegios de periodistas de Venezuela, Costa Rica, Colombia, Perú, entre otros, además de las diversas asociaciones de periodistas de Europa y todo América Latina sobre la violación al principio fundamental y universal de la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo sin censura previa.