Entre los afectados se encuentran personas enfermas y ancianos con más de 30 años en Villa Sonador, Piedra Blanca.
Manifestaron que se trasladaron a La Vega en busca de justicia que no hallaron en Bonao.
José Alfredo Espinal
joseespinal.hoy@gmail.com
Cerca de 300 familias campesinas del distrito municipal Villa Sonador, en Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, denunciaron este lunes el desalojo arbitrario de sus viviendas y el despojo de tierras estatales por parte de sectores privados en supuesta complicidad con oficiales militares y autoridades locales.
Organizados en la Asociación de Agricultores de Villa Sonador, los afectados explicaron bajo lluvias la situación a los medios durante un piquete montado en frente del Palacio de Justicia de La Vega, donde sería conocida una audiencia sobre el caso. Declararon que contingentes armados irrumpieron en el lugar el pasado 11 de septiembre sin presentar orden judicial ni notificación previa.
Además, denunciaron ser víctimas de un brutal y arbitrario desalojo de los terrenos agrícolas que han ocupado y trabajado por hasta 30 años, dejando a cientos de personas en la calle y provocando emergencias médicas entre adultos mayores y enfermos.
Dijeron que durante la acción, los supuestos propietarios de las tierras actuaron con agresividad destruyendo propiedades y sustrayendo del lugar vacas, chivos, motocicletas, pasolas, estufas, neveras y diversos ajuares de los hogares.
Francisco Beltré, directivo de la Asociación de Agricultores, explicó que los predios ubicados en Sonador fueron adquiridos legalmente por ellos hace años a través de unos 25 asentamientos otorgados en su momento por el expresidente Joaquín Balaguer.
Máximo Rosario Reyes, agricultor afectado, calificó la acción como una «atrocidad» ejecutada al margen de la ley. «Nos sacaron como si fuéramos delincuentes de los terrenos donde sembramos el sustento de nuestras familias. Usaron un supuesto título sacado de la manga para tomar las tierras que son del Estado», afirmó.
Por su lado, Dulce Minerva Báez, de 70 años y con más de una década residiendo en el asentamiento, relató cómo fue expulsada junto a su esposo convaleciente en horas de la madrugada, perdiendo todas sus pertenencias y la vivienda.
“Yo estaba acostada y llegaron y dijeron: «Párense de ahí, váyanse de ahí que nosotros tenemos un desalojo», a las 6:00 de la mañana. El esposo mío hasta se cayó y tuvimos que llevarlo al médico. Yo salí y no me dieron tiempo ni de ponerme un vestido ni nada, solo salí así. Me destruyeron la casita, me destruyeron todo lo que había”, expresó la señora con desesperación.
Mientras que, José Pablo Mejía Sánchez, explicó que la controversia abarca las parcelas 12 y 15, adeudadas e integradas al patrimonio estatal desde 1969 bajo el gobierno de Joaquín Balaguer.
El sacerdote y activista social Padre Rogelio Cruz, quien acompañó a los afectados en las acciones legales ante el Palacio de Justicia, tildó lo sucedido como un «abuso de poder» por las propias personas que están para aplicar la ley.
Dijo que el desalojo se hizo sin la notificación personal correspondiente, amparados en documentos presuntamente irregulares del Abogado del Estado y en la ´complicidad´ de las autoridades de Bonao para despojar a más de 200 familias de terrenos de vocación agrícola.
Los afectados sostienen que nunca ocuparon terrenos ajenos y que poseían los trámites correspondientes dentro de los procesos judiciales en curso.