Dejan en libertad a Figueroa Agosto, según periódico de Puerto Rico

Caribbean Digital

Después de haber estado alrededor de 10 años en prisiones federales, el notorio narcotraficante José David Figueroa Agosto, conocido como “Junior Cápsula”, fue liberado ayer, viernes, de la Federal Correctional Institution Terre Haute, en Indiana, según establece el registro del Negociado Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

La información fue obtenida por el diario primerahora.com luego de que una de las portavoces de la Fiscalía federal en la Isla, Nedy Carrillo, orientara sobre la forma en que se podía lograr información del prisionero toda vez que las agencias federales y los abogados del convicto contactados por Primera Hora, José Aguayo y Richard Dansoh, se negaran a ofrecer datos sobre su alegada liberación.

De la página cibernética del BOP solo se establece que José Figueroa-Agosto es un hombre blanco de 55 años que fue liberado el 3/27/2020. No se proveen detalles de la liberación.

Anoche, Primera Hora publicó que el BOP establecía que la fecha de liberación era “desconocida” y no fue hasta hoy, sábado, que quedó revelada.

Por otro lado, el “docket” federal de “Junior Cápsula” no establece que exista una orden de liberación. Sale a relucir que desde finales de pasado año el caso está activo. Se destaca que el pasado 22 de enero hubo un aparente segundo acuerdo con las autoridades federales que incluyó unas ejecuciones de propiedades y que para el pasado 11 de marzo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había confirmado tales embargos de propiedades en Bayamón y Toa Alta. Todos estos documentos, que pudiesen revelar más datos, permanecen sellados y confidenciales.

Según trascendió ayer en un reportaje firmado por el periodista Silvio Cabrera, del diario El Nacional, en República Dominicana, el narcotraficante boricua estaba supuesto a salir hoy, sábado, de la cárcel tras concretarse un segundo acuerdo de delación y entrega de bienes a través de las autoridades de Estados Unidos, en Nueva York.

Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía federal, Figueroa Agosto se declaró culpable en marzo de 2012 de liderar una organización de narcotraficantes que importaba droga a Puerto Rico y que tenía tentáculos con Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. Luego, en agosto de 2017 fue sentenciado a 30 años de cárcel.

El capo, quien tiene 55 años, fue arrestado en la Calle Loíza en julio de 2010 tras una persecución de película.

Fue capturado por agentes de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) mientras transitaba como un ciudadano cualquiera por la mencionada calle en Santurce, sin que nadie supiera los años de cárcel que pesaban sobre las espaldas del prófugo, buscado por las autoridades federales, estatales y dominicanas desde 1999, cuando se escapó de la Penitenciaría Estatal.

En ese primer acuerdo se alude a que el capo hizo una amplia cooperación, “definida como ‘sustancial’” con la DEA en la que soltó nombres de personas que lideraban el tráfico de drogas en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, México y Venezuela.

Pero, según el reportaje, en enero de este año 2020 se hizo un ajuste de la sentencia inicial de 30 años que lo llevaría a la libertad, pues logró un segundo acuerdo con las autoridades federales.

Sobre ese segundo acuerdo es poco lo que se sabe, porque según se detalla el ajuste “estableció que el 90 por ciento de los documentos aportados por Figueroa Agosto son clasificados, por lo que su divulgación está prohibida por leyes estadounidenses”. Se indica que los documentos aportados por el convicto son “clasificados, de uso oficial y confidencial”.

Durante el juicio contra Figueroa Agosto, este se declaró culpable de cuatro de los 12 cargos del pliego acusatorio emitido en 2010 por un gran jurado en el que se le señalaron delitos por narcotráfico, lavado de dinero y por portar un arma ilícita. Esto a pesar de que en 1995 fue declarado convicto de asesinato a nivel estatal. En las acusaciones en su contra se le imputó traficar con miles de kilos de cocaína entre Puerto Rico, Nueva York, Venezuela, Colombia y República Dominicana y con una orden de confiscación de $100 millones.

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