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El nombre del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, es mencionado 90 veces en el expediente del Ministerio Público contra los imputados del caso Antipulpo, que tiene dentro de los implicados a hermanos del exmandatario, acusados de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos.
Cabe señalar que en la gran mayoría de las citaciones al expresidente en el texto acusatorio se deben a la relación familiar o el contexto histórico bajo el cual supuestamente se llevaron a cabo las acusaciones. El expediente señala también que el ascenso de Alexis Medina Sánchez se debió a “acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”. Asimismo que la campaña de reelección de Danilo Medina (2016) recibió fondos de origen alegadamente ilícitos a través de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
La primera mención al también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el documento de más de 3,400 páginas detalla que tras la juramentación de Medina, en agosto de 2012, varios miembros de su familia “pasaron a multiplicar sus influencias en diferentes instancias del Estado dominicano, empezando, obviamente, por la Presidencia de la República”.
El Ministerio Público señala que es en ese contexto que Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, “utilizando la Presidencia y la estructura familiar como escudo, organiza un entramado societario para distraer fondos del patrimonio del Estado dominicano”.
La «participación determinante» de la familia Medina Sánchez en actos de corrupción
En el expediente, el Ministerio Público acusa a varios miembros de la familia del exmandatario de tener una “participación determinante” en los supuestos actos de corrupción cometidos en el marco del caso Antipulpo. Iniciando con el principal acusado, las autoridades describen a Juan Alexis Medina como “gerente operativo” de la presunta organización criminal.
El Ministerio Público indica que el imputado “no era un empresario, ni un emprendedor”, al tiempo que sostiene que éste “había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado. En el documento se reitera que el ascenso económico del implicado fue posible “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina”.
El documento acusatorio también hace referencia a la supuesta participación de otra hermana del expresidente en actos ilícitos: Aracelis Medina Sánchez, quien se desempeñaba como vicepresidenta del Banco de Reservas, “entidad utilizada como financiera particular de más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado”.
Sobre Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del presidente del PLD y quien se fungía como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y, según las leyes, miembro del Comité de Compras y Contrataciones de esa institución, las autoridades aseguran que la exfuncionaria habría empleado sus funciones “para poder favorecer a la red criminal con múltiples procesos de compras simulados”, a fin de, presuntamente, beneficiar a las empresas de su hermano Juan Alexis.
Las autoridades aseguran que el Fonper, era accionista del 50% de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE), empresa presidida por el esposo de Carmen Medina, Luis de León, “durante el tiempo en el que se materializan las conductas típicas del crimen organizado”.
El Ministerio Público hace referencia en el expediente a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju), presidida por la exdiputada Lucía Medina y que, según la acusación, “obtuvo, por distracciones de fondos disfrazados de donaciones, la suma de unos RD$78,110,000.00, que habrían sido empleados “en beneficios personales y financiamiento ilícito de sus diferentes campañas electorales.
La mención del Ministerio Público al expresidente Medina generó la reacción del PLD, que el pasado domingo manifestó que la alusión tiene como fin desacreditar al exgobernante y a esa organización política. El secretario general, Charlie Mariotti, calificó de “inaceptable” que el Gobierno “utilice a la Procuraduría para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente”.
El Ministerio Público advirtió ayer que todo el que tenga responsabilidad penal será objeto de un proceso, sin excluir absolutamente a nadie. La advertencia la hizo la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, quien calificó como clichés políticos los pronunciamientos de los peledeístas y aseguró que en modo alguno ese Ministerio Público entra en discusiones políticas; “el que quiera discusiones políticas que busque políticos”.