José Alfredo Espinal
Montecristi.- El Tribunal Colegiado de este distrito judicial, integrado por las magistradas Mercedes Reyes, Ariela de los Santos y Ana V. Rodríguez, condenó a 30 y 15 años de prisión a dos personas vinculadas con el asesinato a tiros de un hombre ocurrido en el municipio de San Fernando, provincia Montecristi, en el año 2024.
Tras valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el tribunal estableció una sentencia de 30 años de prisión contra Félix Junior Cabrera López y de 15 años para Jennifer María Cruz Montolío. Ambos fueron condenados por el asesinato de Alexis Antonio Liberato Pimentel.
El Ministerio Público dijo que luego de demostrar con pruebas contundentes su vinculación con el caso, solicitó la imposición de la pena máxima de 30 años de prisión para ambos procesados.
Durante el juicio, el órgano acusador informó que presentó un robusto acervo probatorio, compuesto por pruebas testimoniales, documentales, periciales, materiales y audiovisuales, mediante las cuales logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la participación de los hoy condenados en el crimen ocurrido el 16 de noviembre de 2024.
Entre las evidencias presentadas figuran levantamientos de la escena, análisis forenses, videos de cámaras de vigilancia, rastreo del recorrido del vehículo utilizado mediante GPS, extracción de información de dispositivos electrónicos y diversas diligencias investigativas que permitieron reconstruir la forma en que fue perpetrado el hecho y la posterior huida de los responsables.
El expediente acusatorio señala que la noche del 16 de noviembre de 2024, los procesados se trasladaron hasta las inmediaciones de un night club, ubicado en la calle Pedro Pablo Fernández, del municipio de San Fernando, donde realizaron varios disparos contra Alexis Antonio Liberato Pimentel, ocasionándole heridas que le provocaron la muerte ipso facto.
El Ministerio Público dijo que sustentó la acusación en la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Las pesquisas fueron dirigidas por la procuradora fiscal Yelissa Cabrera Caba, quien coordinó las diligencias investigativas que permitieron reunir los elementos de prueba presentados durante el proceso.
En tanto, la representación del Ministerio Público en el juicio estuvo a cargo de los fiscales Francis Peña Sabés y Yohanny Altagracia Herrera, quienes sostuvieron la acusación y lograron que el tribunal acogiera íntegramente las pruebas aportadas por el órgano persecutor.
Cabrera López cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Dajabón, mientras que Cruz Montolío fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.