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El presidente brasileño Jair Bolsonaro aprobó este martes un nuevo decreto para legalizar el uso de armas de fuego en Brasil. Este representa el primero de muchos de los cambios que el nuevo mandatario prevé para reformar las leyes sobre armas en el gigante sudamericano, territorio que más homicidios registra anualmente.
El mandatario expresó durante una ceremonia televisada en Brasilia, que este y otros cambios ayudarán a la gente a defenderse. Además, aseguró que su elección el año pasado fue la señal de que los ciudadanos del país más grande de América Latina quieren armarse.
“El pueblo decidió a favor de comprar armas y municiones, y no podemos negar lo que el pueblo quiere en este momento”, dijo Bolsonaro, quien durante la campaña solía hacer gestos a sus seguidores como si les apuntara con una pistola.
La ley establece una serie de categorías de personas autorizadas a poseer armas. No obstante, funcionarios del gobierno dijeron que está diseñado para incluir casi a cualquier ciudadano que quiera un arma.
Las categorías incluyen habitantes de zonas rurales, residentes de zonas urbanas con alta incidencia de homicidios, propietarios de negocios, coleccionistas y cazadores. Entre los requisitos necesarios está ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, someterse a un examen psicológico y realizar un curso en un club de tiro.
Antes del decreto, la ley disponía que todo civil que deseara poseer un arma debía justificar su interés, un requisito considerado arbitrario por Bolsonaro y otros partidarios de flexibilizar las leyes.
El precepto extiende de 5 a 10 años el período para renovar el registro de cada arma. En caso de vivir con niños, adolescentes o discapacitados mentales, el dueño está obligado a tenerla en una caja de seguridad
Aunque más personas podrán comprar armas, sigue siendo ilegal su portación en público por parte de la mayoría de los civiles, aunque Bolsonaro también planea derogar esa disposición.
Desde hace décadas Brasil ha sido líder mundial en homicidios. El año pasado se cometieron casi 64.000, la mayoría con armas de fuego. A pesar de las leyes estrictas, las armas se obtienen fácilmente en este territorio. Muchas adquiridas legalmente son robadas a personal policial y militar o vendidas por estos.