Roberto Antonio Gil López
Especial/Caribbean Digital
SANTIAGO, RD./ En una República que comienza la implementación de una justicia penal tras largos doscientos años de aplicación de un código contemporáneo ala Revoluciónfrancesay sus secuelas históricas, se precisa de un Procurador General dela Repúblicaque pueda, sin remilgos, reencausar las líneas de acción que merece el ordenamiento procesal penal nuevo.
El Código Procesal Penal, criticado por muchos, acusado directamente por otros por no entender su funcionamiento final y concreto, es quizás la legislación de más brusco nacimiento entre nosotros porque no se trata de una reforma sino de un cambio radical y profundo sobre la concepción misma de las garantías y formato del encauzamiento de lo “represivo”, por ello, del otro lado encontramos defensores ciegos de los nuevos tiempos que incluso, siguiendo las teorías hispanoamericanas, imprimen un nuevo dinamismo en la cuestión procesal penal que de no seguirse, terminará dándole la razón a los detractores del código Procesal Penal y consecuentemente a la seguridad y a la libertad pretendida por este éste.
Ahora, frente a la renuncia anticipada del Procurador General dela República, elegante, apropiada y por demás irrevocable, se plantea al nuevo mandatario un reto mayor, una elección de un nuevo incúmbete que supere al renunciante.
En este sentido y por ser éste el máximo puesto del Ministerio Público y el que dicta y organiza la política de actuación del mismo enla República Dominicana, es menester que se piense en actitudes preferentes que satisfagan el perfil deseado del puesto y sobretodo que llene las necesidades de un sistema de juzgamiento penal que desde su nacimiento ha sido puesto contra la pared acusándole de ineficaz y poco controlador de la criminalidad, aun cuando en realidad, lo que procura el nuevo orden es que se disminuya el fenómeno delictual respetando las garantías personales de los sujetos, no la liberación de la fuerza sancionadora de la acción antijurídica, o lo que es lo mismo que decir que se someta y se sancionen aquellas personas que les es posible establecer en su persona, sin dudas y en respeto de sus libertades, los hechos considerados antijurídicos.
Por ello, el nuevo procurador debe ser un abogado con ejercicio pleno en el área penal nueva, en primer lugar, requisito que no es una simplicidad.
Debe procurarse un jurisperito que se haya formado primero por la experiencia de litigios diversos, importantes casuísticamente hablando, así como encausado en el lecho del enfoque crítico constructivo de la jurisdicción y de las fallas atribuidas al Ministerio Público en el país para poder elevar los niveles de funcionabilidad del cuerpo acusador.
Un abogado que por el ejercicio repetido entienda que no tan solo para medir la labor del Ministerio Público se debe atenerla Procuraduríaa frías y no explicadas estadísticas de casos ganados y no ganados, ya que todo abogado en pleno quehacer de lo penal se da cuenta de que lo que prima en ello es una conciente y poco sincera labor de escogencia de casos a presentar acusación, dejando que se les escape por entre los dedos actividades criminales y delictuales reprensibles pero probatoriamente débiles gracias a políticas de poco empeño en la investigación, persecución y constancia del personal.
El abogado en ejercicio de que hablo debe ser capaz de advertir que no se precisan más ministerios públicos adjuntos sino la especialización de funciones y la supervisión de sus actividades con miras a mejorar el servicio y el jurisdiccional combate contra las miles de formas de delincuencia que su impericia fomenta por omisión, pero teniendo como arma principal el respeto de las garantías formales y fundamentales del proceso.
Pero ese abogado para el logro de concebir y poner en práctica mejoras y correcciones, debe ser un profesional curtido en los estudios de postgrados y maestrías sobre el nuevo derecho penal, no basta con su ejercicio, debe haber puesto en él la instrucción actualizada que profesan estos nuevos tiempos.
Finalmente debe ser un profesional serio, con una inmejorable vocación de servicio y un manejo de las necesidades de progreso de la profesión que destruya la absurda rivalidad entre el Ministerio Público y los abogados porque en definitiva cada cual hace su papel en la escena Jurisdiccional y su competencia debería serla Justiciacomo bien socialmente perseguido ya que para los fiscales resulta más nocivo ganar un pleito contra un inocente que perderlo porque el abogado de la defensa técnica pudo esclarecer las circunstancias y despejar las pruebas que le fueron presentadas en su contra, elevando la bandera de las libertades individuales protegidas.
Quizás por eso, nuestro ideal para Procurador General dela república o es un legisperito situado en las cumbres de la estratosfera, sino un gremialista abogado, de pueblo, de clase, distinguido por su trabajo constante, porque a fin de cuentas los Ministerios Públicos antes fueron abogados y piensan igualmente cuando se les tiñe la bola de azul.
Finalmente, un Procurador General debe ser capaz de encarar posiciones frente a cuestiones delicadas de la vida de la nación, disectando la política partidaria de la realidad, actuando con responsabilidad y luchando por el bienestar de una patria que de tanto maltrato ya tiene la piel en carne viva.
Toda escogencia es difícil, nos quedamos con la resignada creencia de que un hombre con estas cualidades existe, solamente el Presidente tiene que poseer la voluntad necesaria para encontrarlo.