Acusados de cibercrimen se quejan por restricciones

Caribbean Digital

Entre lágrimas, Mirian Almonte defendió la inocencia de su hijo, Wellington Ariel Sosa, de 39 años, quien figura entre los detenidos durante la Operación XL526, mediante la cual el Ministerio Público y organismos de seguridad desmantelaron una presunta red dedicada a extorsiones y ciberdelitos contra ciudadanos estadounidenses.

“Ellos allanaron la casa el martes a las 4:00 de la madrugada, pero mi hijo no tiene nada que ver con eso”, dijo Almonte.

La mujer aseguró que su hijo no guarda relación con los hechos que se investigan y afirmó que, a una semana de su arresto, aún no ha podido verlo ni comunicarse con él.

“Lo que me dicen es que no lo dejan ver, que lo han trasladado en varias ocasiones. Ahora mismo mi hija salió porque el abogado la llamó para que subiera”, expresó.

Según su versión, las autoridades estarían relacionando a Wellington Ariel Sosa con la investigación, debido a una jeepeta Mercedes-Benz encontrada en su posesión al momento del allanamiento.

Mirian explicó que el vehículo pertenece a una mujer residente en el extranjero para quien ella y su hija realizan labores de limpieza y mantenimiento.

“Él tenía una Mercedes blanca en la casa porque la señora le pidió que la buscara en el aeropuerto y que le cambiara una pantalla que el esposo le había roto. La tenía allí porque el lunes, precisamente, iba a realizar ese trabajo”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la documentación del vehículo no figura a nombre de su hijo. Sin embargo, afirmó que la póliza de seguro sí fue colocada temporalmente a su nombre debido a que la propietaria tuvo que salir del país antes de renovarla.

La madre insistió en que su hijo está siendo señalado injustamente y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones antes de establecer responsabilidades.

periplo
De acuerdo con su relato, desde el momento de su detención Wellington Ariel Sosa ha sido trasladado entre distintas dependencias, incluyendo la fortaleza militar, el Palacio de Justicia y el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, en Santiago.

La situación coincide con denuncias realizadas recientemente por abogados y defensores públicos sobre las dificultades de espacio en los centros de detención provisional y los constantes traslados de personas privadas de libertad mientras esperan el conocimiento de medidas judiciales.

Mirian aseguró que la situación ha sido especialmente difícil para la familia, que permanece a la espera de conocer con mayor claridad el proceso que enfrenta su hijo.

“Si mi hijo estuviera en eso, no hubiese venido el domingo, que era Día de las Madres, a pedirme dinero para comprarse un jugo. Incluso no tenía para comprarle un regalo a la novia y le pidió prestado a su hermana”, manifestó.

El 5 de junio, Listín Diario informó que en los últimos tres años, el Ministerio Público ha ejecutado cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.

En noviembre de 2023, la Policía Nacional y el Ministerio Público arrestaron a 10 personas en el callejón Los Chitos de Jacagua donde operaba un “Call Center” clandestino.

Asimismo, en octubre de 2024, otras 10 personas fueron arrestadas en el distrito municipal de San Francisco, donde fueron incautados 14 vehículos, del tipo jeepetas.

LD

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