La norma modifica la Ley 138-11, que es la que rige al CNM, con el objetivo de adecuarla al texto reformado de la Constitución, proclamada el 27 de octubre de 2024, para la escogencia del procurador general de la República y sus adjuntos, así como la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura.

La Ley señala que, a partir de su vigencia, el procurador general de la República no será más un funcionario de designación unilateral del presidente de la República, sino que éste debe proponer a una persona que cumpla con determinados requisitos constitucionales al Consejo Nacional de la Magistratura para su aprobación.

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