Tribunal Constitucional analiza sentencias vinculadas con Santiago

El magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, y el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega abordaron el tema

 El magistrado Ray Guevara afirmó que la jurisprudencia del TC es su carta de presentación y su eficiencia está a la vista de todos

 El magistrado Bonnelly Vega tituló su ponencia “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el corazón de Santiago” y se refirió a varias decisiones asumidas por la alta corte sobre temas que relacionados con esta ciudad

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SANTIAGO.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Dr. Milton Ray Guevara, y el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega participaron en la conferencia “Sentencias constitucionales vinculadas a Santiago”, donde analizaron sentencias constitucionales como el desarrollo territorial, en coherencia con el Plan Estratégico de Santiago 2030 y la Agenda Regional de Desarrollo.

El magistrado Ray Guevara resaltó las profundas raíces que tiene la ciudad de Santiago en la creación del Tribunal Constitucional y la importancia que tiene la jurisprudencia de esta alta corte.

“Yo creo que lo más importante del TC ha sido su jurisprudencia, porque esa jurisprudencia del tribunal ha demostrado que el ciudadano es importante, que el ciudadano puede empoderase, que el ciudadano es un sujeto no solo es pasivo, sino, sobre todo, activo, para que se pueda desarrollar una sana convivencia en un Estado de derecho, que en este caso nuestra Constitución actual proclama como un Estado social y democrático de derecho”, apuntó.

El Dr. Ray Guevara aseguró que desde el Tribunal Constitucional se ha impartido justicia ciudadana, porque es un tribunal ciudadano al que los ciudadanos acuden con la seguridad de que van a ser atendidos con un espíritu de independencia, imparcialidad y apego a la Constitución.

Recordó que la jurisprudencia del TC es su carta de presentación y su eficiencia está a la vista de todos. “De 6859 expedientes que ha recibido el Tribunal Constitucional, nosotros hemos emitido 5819 sentencias, eso representa un 85 % de éxito”.

Destacó que la jurisprudencia del TC dominicano abarca cuestiones importantes, que incluyen la defensa del derecho de propiedad, frenar los abusos de las expropiaciones, seguridad social, protección de los derechos de la mujer, libertad de prensa, defensa del medioambiente, protección de la inversión en la zona fronteriza y derechos de los militantes de los partidos, entre otros.

Mencionó algunas sentencias asumidas por el TC que se refieren a Santiago, como las TC/0089/14, TC/0456/15, TC/0905/18, TC/0224/19, TC/0535/20 y la TC/0258/21.

Manuel Ulises Bonnelly

El juez del TC tituló su ponencia “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el corazón de Santiago” y se refirió a varias decisiones asumidas por la alta corte sobre temas relacionados con esta ciudad, además de afirmar que entre la alta corte y Santiago existe una indisoluble relación a través de la labor jurisdiccional.

Entre las decisiones asumidas por la entidad destaca la sentencia TC/0208/14, sobre protección al patrimonio monumental de Santiago; y la TC/0261/14, que declara de utilidad pública e interés social por parte del Estado dominicano la adquisición de varias porciones de terrenos para construir la circunvalación de la ciudad.

También se refirió a la TC/0307/16, mediante la cual se confirmó una sentencia de amparo dictada por un juez del Distrito Judicial de Santiago, que se refería a la colocación en la vía pública de propaganda política en un período anterior al contemplado por la ley, y a la TC/0402/16, que confirmó un fallo en materia de protección al derecho a un medioambiente sano y a la preservación ecológica del monumento natural Pico Diego de Ocampo.

Otra sentencia relacionada con el medioambiente es la TC/0458/21, que ordenó la paralización inmediata de las actividades extractivas a cielo abierto de materiales áridos de la corteza terrestre para obtener agregados en el paraje de Palmarejo, municipio Villa González.

El magistrado también se refirió a la labor pedagógica desarrollada por el TC desde su fundación, y señaló que es una preocupación permanente del presidente del órgano lograr que la Constitución llegue a todo el pueblo, tal como lo contempla el artículo 35 de la Ley 137-11.

“Pienso que muchas de las crisis que hemos vivido como país hubieran sido distintas si el pueblo fuera un conocedor pleno de la Constitución. Si en cada rincón de la patria se enseñara su contenido, si en cada hogar dominicano se tuviera un texto de la Constitución”, argumentó.

Sobre la conferencia

La actividad fue organizada por las asociaciones empresariales y de desarrollo agrupadas en Compromiso Santiago (CS), junto con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y forma parte de encuentros que promoverán de manera permanente las herramientas jurídicas que consoliden el Estado de derecho y la relación de la Constitución y las leyes con la estrategia de gobernabilidad y gobernanza “Santiago de Alianza Pública, Privada y Ciudadana”.

El encuentro contó con el apoyo y la participación de asociaciones de Santiago y la región, como la Asociación para el Desarrollo (APEDI), la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), la Asociación de Zonas Francas (AZFS), la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), así como profesionales del derecho, intelectuales, funcionarios públicos y directores de centros educativos, entre otros.

Asistieron los magistrados Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano; la magistrada Alba Luisa Beard Marcos y el magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury.

Las palabras de bienvenida al inicio del ciclo de conferencias estuvieron a cargo del presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Ricardo Fondeur Victoria, mientras que Albery Bueno, miembro Junta Directiva CDES, leyó la hoja de vida del magistrado Ray Guevara, y Saúl Abreu, director de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), la del magistrado Bonnelly Vega.