JOSÉ ALFREDO ESPINAL
PUERTO PLATA.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación impuso un año de prisión preventiva en contra del imputado Yordi Rojas, alias «Belkiol», implicado en el delito de abuso sexual en contra de dos niños de 2 y 5 años de edad, acción que grabó con su teléfono celular y difundió a través de las redes sociales.
La prisión preventiva impuesta por la jueza Jenny Martínez deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de esta ciudad.
El fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, resaltó la gravedad del hecho e instó a los padres a estar más atentos del cuidado de los menores. Asimismo, exhortó a no divulgar imágenes que contengan contenido sexual de menores de edad y pidió a la población confiar en el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para contrarrestar esos delitos.
La medida de coerción fue conocida por la fiscal Evelina Suero, mediante audiencia virtual a través de las plataformas digitales que se están utilizando en este tiempo de cuarentena, donde se mostraron evidencias materiales, referenciales y audiovisuales en contra del encartado, obtenidas durante la investigación llevada a cabo por los fiscales Rosalía Vargas y Warlyn Tavárez.
El Ministerio Público detalló mediante nota de prensa que el imputado incurrió en la presunta violación de los artículos 331, 331 párrafo II, del Código Penal Dominicano, y los artículos 24, 24 párrafo I de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; los artículos 25 párrafo III, 26 , 410 y 411 de la Ley No. 136-03 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Según las autoridades, la violación de estos artículos tipifican y sancionan la violación sexual a un niño vulnerable, la utilización en pornografía de niños, niñas y adolescentes, la producción y posesión intencional de pornografía infantil, violación al derecho y a la protección de la imagen de niños, niñas y adolescentes, fotografiar, firmar escenas de sexo o pornográfica infantil y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Luego de valorar la medida de coerción impuesta para garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso judicial, el Ministerio Público afirmó que seguirán trabajando para procurar que el hecho sea debidamente sancionado.