Reformas estructurales: con o sin la oposición

POR J. LUIS ROJAS

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Más allá del costo político, los irritantes privilegios concedidos a sectores económicos específicos, los altos niveles de informalidad laboral, la evasión tributaria y el drenaje fiscal, hace tiempo que el liderazgo político, empresarial, laboral, académico y social, debió de asumir con determinación la realización de las reformas necesarias para transformar la sociedad dominicana en un lugar próspero para dodos los ciudadanos, sin importar su procedencia social y estatus económico. Es decir, una República Dominicana más inclusiva, con menos pobreza, un desarrollo humano más sostenible y con mecanismos que ayuden a reducir la corrupción y la impunidad, así como frenar el drenaje fiscal.

Frente a cualquier coyuntura o esfera, poner en marcha un plan de reformas estructurales desde el ámbito gubernamental, lo que, por demás, como es lógico y natural, pudiese beneficiar y afectar determinados intereses de sectores sociales, económicos y políticos de presión, amerita diseñar y establecer una metodología operativa, eficiente, participativa y creíble, que permita llevar a cabo dicha iniciativa, la cual está conminada a obtener resultados rápidos y visibles. En el marco de las reformas anunciadas por el Gobierno, es imprescindible tomar en cuenta las siguientes decisiones:

  • Diseñar y aprobar una metodología efectiva y vigorosa.
  • La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), elabora y gestiona un plan de comunicación institucional gubernamental, con ejes, objetivos, estrategias y actividades, los que deberán implementarse antes, durante y después de cada una de las fases del proceso de abordaje de las reformas. Los esfuerzos comunicacionales de dicho plan tienen que estar dirigidos a educar, informar y orientar, de manera continua a los ciudadanos, con respecto a los logros positivos que obtendrá el país con dichas reformas.
  • Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), elaborar un portafolio con las reformas prioritarias, viables y posibles, tomando en cuenta el tiempo (2024-2028);
  • El Poder Ejecutivo, crea comisiones integradas por expertos nacionales e internacionales, con probadas competencias y experiencias en las áreas o temas relacionados a cada reforma. Estas comisiones dispondrán de un tiempo específico para elaborar sus respectivas propuestas iniciales al respecto;
  • Las propuestas de reformas elaboradas por las comisiones de expertos, creadas por el Poder Ejecutivo, son remitidas al Poder Ejecutivo;
  • El Poder Ejecutivo envía a la presidencia del Consejo Económico y Social (CES), cada una de las propuestas de reformas elaboradas por los expertos. La presidencia del CES convoca a los miembros de dicho organismo, para que estudien, mejoren, rechacen o validen las propuestas de las comisiones de expertos. El Poder Ejecutivo dará un tiempo determinado al CES, para concluir la tarea asignada;
  • El Poder Ejecutivo analiza los aportes de los miembros del CES, con respecto a las propuestas de reformas. Luego, éste determina cuáles de las propuestas de reformas recibidas, por su naturaleza, tienen que ser enviadas al Congreso Nacional, así como las que por decretos u otra vía poder ser implementadas por dicho órgano (Poder Ejecutivo).

Sin duda, República Dominicana está forzada a insertase a los inevitables cambios sociales, políticos, económicos, culturales y científicos, provenientes del macroentorno. En este ámbito, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha tomado la valiente iniciativa de convocar al liderazgo nacional a abordar juntos determinadas reformas, las cuales son imprescindibles para delinear y construir un modelo de desarrollo más inclusivo, que genere menos desigualdades y erradique los altos niveles de pobreza que existen y se multiplican en RD.

Según el economista y CEO de Cyfras Consultores, Franklin Vásquez, “cuando se habla de reformas estructurales esto implica cambios significativos en las políticas, leyes y regulaciones de un país que tienen como objetivo mejorar la eficiencia y el funcionamiento de su economía a largo plazo. Estas reformas suelen abordar aspectos fundamentales de la economía: mercado laboral, sistema fiscal, educativo, salud y de protección social, incluyendo las pensiones, la infraestructura y otros sectores clave. Normalmente, el propósito de las reformas estructurales es promover un crecimiento económico sostenible, aumentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. (periódico el Dinero, 6 de Junio, 2024).

Para garantizar el éxito del proceso de reformas, desde el ámbito del Poder Ejecutivo, es imperioso crear y establecer un clima creíble y en que se facilite la participación sincera y espontánea de los ciudadanos. En el momento oportuno, representantes autorizados y competentes del Gobierno, tendrán que acudir a los diferentes medios de comunicación, así como a otros escenarios, con el propósito deliberado de explicarle a la sociedad los beneficios, razones y sacrificios que rodearán a las reformas. Dejar solo al Presidente Luis Abinader en esta importante iniciativa, sería una pésima decisión, la cual tendría consecuencias negativas en el corto, mediano y largo plazo, para el posicionamiento presente y futuro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Tal y como se indica el Grupo para la Competitividad Nacional (GPCN), en la reseña de su libro “Gazebo”: “el país debe preparase para la velocidad del cambio que caracteriza a la sociedad actual. En ésta, se configuran los procesos productivos, las formas de generar riqueza y de relacionarse entre los individuos. El reto, será mantener el crecimiento y dinamismo económico de las últimas décadas, con esquemas inclusivos, sin generar excluidos ni marginados de ninguna índole (Gazebo, 2020). 

Los gestores directos e indirectos del proceso de reformas no pueden obviar el hecho de que ninguna iniciativa de reforma puede realizarse para reducir la capacidad productiva del sector empresarial, pero mucho menos para continuar limitando las pírricas y pésimas condiciones de vida de los sectores de clase baja y media de la sociedad dominicana. El objetivo estratégico de cualquier reforma tiene que dirigirse a mejorar los estándares de vida de todos los ciudadanos, así como optimizar el desempeño de las instituciones y organismos responsables de garantizar calidad y sostenibilidad en los servicios públicos.

Tomando como marco de referencia las reformas anunciadas por el Gobierno dominicano, las que habrán de ser implementadas en el período 2024-2028, es pertinente releer lo planteado al respecto en el libro “Gazebo” de GPCN, en el cual se sugiere pensar holísticamente los aspectos vinculados al desarrollo del país. Rastrea el origen de los problemas estructurales. Identifica su magnitud, características y alcances. Recomienda políticas. Sugiere un plan de implementación. Finalmente, dispone una batería de medidas listas para ser utilizadas por los tomadores de decisión.

En cierta medida, las victorias rápidas y visibles de las reformas estructurales del Poder Ejecutivo dependerán de la buena o mala gestión que deberá realizar la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM). En este contexto, tanto la forma como los contenidos de las estrategias y actividades de comunicación que habrán de planificarse, ejecutarse y controlarse, deben ser concedidas como medios eficaces que motiven, orienten, entusiasmen, involucren y empoderen a los miembros de las organizaciones políticas, empresariales, laborales, profesionales, académicas, religiosas y campesinas, alrededor de cada una de las reformas que se llevaran a cabo en el segundo período de gobierno del Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona (2024-2028).

Ojalá que, en termino de prioridad, las reformas estructurales que está proponiendo el Gobierno de Luis Abinader a la sociedad dominicana, coincidan con el siguiente orden: 1) fiscal, 2) educativa, 3) seguridad social, 4) constitucional, 5) seguridad ciudadana, 6) sistema eléctrico, 7) movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, 8) carcelaria, 9) código laboral, 10) código penal, 11) Ley No. 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Si el Poder Ejecutivo logra implementar la carpintería necesaria para impulsar estas reformas estructurales, sin duda, estaría creando las condiciones objetivas y subjetivas para que República Dominicana inicie de manera segura y rápida el camino de la prosperidad colectiva y sostenible.

Por el bienestar de las presentes y futuras generaciones de la sociedad dominicana, las reformas estructurales sugeridas por el Gobierno de Abinader, tienen que realizarse con o sin la participación de las organizaciones políticas opositoras, las que, durante los doce meses de cada año, reciben millones de pesos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos. “Rubricar institucionalmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, felicitar al candidato victorioso y luego desistir de un encuentro racional, envían señales incómodas frente al ojo observador de una población sedienta en ver a su clase política, cerrando los ciclos de competencia para abrir la agenda de la nación”. (Guido Gómez Mazara, periódico Hoy, 7 de junio, 2024).