Reclaman cumplir con parámetros y criterios de la Ley 304-06 en licitación de plantas a carbón

Servicios/Caribbean Digital

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) reclamó de las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), cumplir con los parámetros y criterios establecidos por la ley 340-06 sobre compra y contrataciones de bienes y servicios con el estado, en la licitación internacional de plantas a carbón para conjurar y resolver la graves crisis energética que aqueja a la República Dominicana por más de 15 años.

Trajano Potentini, presidente de Fundación Justicia y Transparencia. Foto de archivo.
Trajano Potentini, presidente de Fundación Justicia y Transparencia. Foto de archivo.

Asimismo el presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, pidió excluir del proceso de licitación a empresas que exhiben un historial negativo en negocios similares en diferentes países, haciéndose así no elegible y en consecuencia fuera de los parámetros de fiabilidad y credibilidad que establece el artículo 8 de la Ley número 340-06.

Potentini citó como motivo de gran preocupación los cuestionamientos e inconvenientes que han tenido algunas de las empresas licitadoras, caso particular  de la demanda por 300 millones de dólares que radicó la Generadora Eléctrica de Chile Colbun, en contra de Maire Tecnimont, por la negligencia y retraso en la construcción de la planta de carbón Santa María, litigio pendiente en la Cámara de Comercio de París, entre otros cuestionamientos que reiteramos la hace inelegible para la licitación referida.

La FJT reconoció la necesidad y trascendencia de las plantas a carbón para el inicio de la solución de los problemas eléctricos en el país, lamentando que esta solución viene planteándola desde el 2006 en varios estudios y análisis el ex-administrador de la CDEEE Radhames Segura, sin que hasta la fecha se haya tomado la decisión, la cual no obstante debe estar revestida de la mayor transparencia posible.

Finalmente la entidad llamo la atención e intervención de la oficina de contrataciones públicas a los fines de que sirva de veedora y vigilante de la operación en cuestión.