El director de Impuestos Internos reconoce que las exenciones afectan las recaudaciones
Caribbean Digital
Tras la publicación de Diario Libre del pasado lunes sobre el alto monto que el Estado deja de recaudar por las exoneraciones de vehículos a nombre de legisladores -muchas vendidas a particulares y concesionarios-, se han generado reacciones en el propio Congreso Nacional y en otros sectores que abogan para que se elimine ese privilegio establecido por ley.
Pero las críticas y argumentos contra esa facilidad se han registrado desde hace años sin que haya un cambio.
En 2009, de las veces que se puso el tema en la palestra, el entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, habló de propuestas para modificarlo. Ahora, en 2021, aún se sigue cuestionando un privilegio que le tocaría cambiar a los mismos legisladores que se benefician.
El economista y experto en lavado de activos Roberto Mella Cohn, plantea que si no se derogará la ley, se modifique para que se establezcan límites.
El experto sugiere que el Gobierno ponga restricciones, estableciendo el tipo y monto del vehículo que pueden traer los legisladores, “porque estas exoneraciones no deben ser para Ferrari o autos de alta gama”.
En dos historias publicadas el pasado lunes por Diario Libre se desglosa y calcula que, debido a las exoneraciones de vehículos a los legisladores permitidas por la Ley 57-96, el Estado dejó de recibir RD$2,649.8 millones en impuestos entre 2010 y el 12 de septiembre de 2021, de acuerdo a una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas (DGA) a solicitud de este periódico.
Además, las historias recogen las confesiones de legisladores sobre cómo venden estos privilegios por hasta US$20,000 o RD$1 millón.
Ante lo anterior, Mella Cohn plantea que las exenciones no deberían ser transferibles y que se debe instruir a los sujetos obligados, como concesionarios de vehículos, para que no procesen la operación. “Inclusive instruir en la Dirección General de Aduanas para que no sea otra persona diferente al legislador el que pueda comprar el vehículo con las exoneraciones a su nombre”, agrega.
Aunque las yipetas y automóviles confortables tienen una preferencia mayor, la lista de 1,148 vehículos exonerados a nombre de legisladores desde 2010 incluye 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otras unidades costosas.
También, hay tres autobuses de transporte masivo importados entre 2014 y 2018 por el exdiputado reformista Guido Cabrera Martínez, quien es miembro de la Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra), y los tiene en operación para viajes interurbanos
Ayer, el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, opinó que “todas las exenciones afectan las recaudaciones, no solamente esa (la de los legisladores)”. “Ojalá que no existieran las exenciones, salvo que no sean para temas puntuales”.
Incurrirían en prevaricación
Claudia Álvarez, experta en cumplimiento y antilavado, entiende que con la cesión de las exoneraciones a cambio de dinero los legisladores incurren en prevaricación. “Es decir, un abuso de la posición privilegiada que tienen para obtener un beneficio, y se lo están traspasando a un tercero que no era para quien está hecha esta ley”, explica.
Analiza que, con la venta de las exenciones, los legisladores consiguen beneficio en metálico y adicional a esto dejan de pagar impuestos, por lo que, entiende, incurren en evasión fiscal.
“Estos delitos, cuando vamos a la ley de lavado de activos, también son delitos precedentes del lavado, por tanto, si las autoridades lo vieran de esa manera, pudieran imputarle el delito del lavado de activo, porque están defraudando al Estado y están cometiendo una evasión fiscal”, dice.
Críticas a la ley no generan su modificación
En septiembre de 2009, el entonces secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, consideró que al Estado le sería más conveniente proporcionar un vehículo a los legisladores y no darles exoneraciones.
Declaró que el Estado deja de recibir recursos vía impuestos debido a las dos exoneraciones que se les entregan en un periodo legislativo, y con esos recursos se podrían comprar cuatro o cinco vehículos confortables en los Estados Unidos.
En octubre de ese mismo año, el entonces presidente del Senado anunció que se eliminarían las exoneraciones abiertas a los legisladores y que se había iniciado un proceso tendente a ponerle un tope a su otorgamiento. “No pueden ser abiertas, eso es, ciertamente, irritante”, dijo a la prensa.
En mayo de 2010, su propuesta iba en el sentido de que solo recibieran una exoneración para la importación de un vehículo, con un tope determinado, por el periodo de los seis años a los que fueron elegidos en esa ocasión. Indicó que el planteamiento se lo hizo al entonces presidente Leonel Fernández quien se mostró receptivo.
Pared Pérez consideró que una exoneración es suficiente para un legislador que va a un cargo público para servir a su comunidad. En 2011, el tema volvió a la palestra y reiteró: “Esa es una práctica odiosa y que se ha venido dando por décadas”, pero no hubo ningún cambio.
En septiembre de 2016, el entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Tommy Galán, señaló que los ingresos que deja de recibir el Estado por dichas exoneraciones influye negativamente en los programas sociales para la salud, educación y agua potable. Abogó por un tope en el valor de las exoneraciones.
Aunque en el Congreso Nacional los diputados y senadores han presentado propuestas formales para modificar la Ley 57-96 o eliminar la facilidad, ninguna ha sido aprobada.
Aduanas es limitada al opinar
Diario Libre preguntó a la Dirección General de Aduanas si está de acuerdo o no con las propuestas planteadas en el Congreso Nacional para modificar la Ley 57-96. La respuesta obtenida a través de la gerencia de Comunicaciones fue: “Sería irrespetuoso para la DGA emitir una opinión al respecto en público, pues no somos la entidad que puede determinarlo. Hemos emitido en los organismos propios del Gobierno dominicano sugerencias al respecto que se darán a conocer por los voceros apropiados”.
También, se le preguntó a la institución qué opinión le merece la venta de las exoneraciones a terceros, respondió: “La regulación y aplicación de estas exoneraciones no es potestad de la DGA. Nosotros aplicamos lo que se establece en otras instituciones y vigilamos su aplicación de conformidad con la Ley”.