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El procurador General de la República, Jean Rodríguez, resaltó que la sentencia que declaró inadmisible el procedimiento de homologación no variará el resultado final de este caso: que el sobornador y los sobornados sean castigados como manda la ley. Indicó que están evaluando la decisión emitida por el juez José Vargas y que en los próximos días comunicará el proceso a seguir para la homologación.
“Le digo a los corruptos que recibieron ese dinero que no celebren la decisión judicial sobre el acuerdo, porque tienen sus días contados. Los que traicionaron la confianza del pueblo recibiendo sobornos de Odebrecht van a ir a la cárcel”, aseguró.
Rodríguez afirmó que respeta la decisión del juez José Alejandro Vargas, a pesar de que había material suficiente en el escrito para aprobar el procedimiento, tal y como el mismo juez sugiere que sea idóneamente presentado.
“Aunque la decisión del juez retrase unos días el proceso judicial para penalizar a Odebrecht, no variará el resultado final”, enfatizó.
No se quedarán de brazos cruzados
Reiteró que garantizará el sometimiento a la Justicia de todas las personas que, durante el transcurso de la investigación, se determine que están implicadas en los sobornos que la constructora brasileña admitió haber pagado en el país.
“Si alguien se creyó que íbamos a quedarnos sin avanzar o con los brazos cruzados por un simple y natural contratiempo institucional, se equivocó; el proceso no se detiene”, expresó.
Argumentó que con el acuerdo se procura castigar al sobornador, o sea, a Odebrecht, con la pena máxima que establece la ley de sobornos y agilizar el acceso a la información y documentaciones que se han solicitado a Brasil, obligando a que la empresa carioca colabore con datos puntuales que son relevantes para las pesquisas y así lograr someter cuanto antes mejor a los sobornados.
Además, el titular del MP valoró positivamente la declaratoria de complejidad que había sido solicitada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción, y añadió que fortalece y favorece el tiempo procesal para la investigación.
Pero para el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, la decisión del juez José Alejandro Vargas de no admitir el procedimiento de homologación del acuerdo económico con Odebrecht, era previsible.
“El juez dice que el MP desbordó lo que son sus atribuciones y eso era lo que nosotros decíamos en fecha 8 de febrero. Entonces aquí de lo que se trata es que a juicio nuestro el MP va a tener que replantear como real y efectivamente, frente a esa negativa del juez replantea cómo deberá proceder para lograr que el acuerdo pueda materializarse”, expresó.
Detalló que el acuerdo se fundamentó sobre la base de la Resolución 1029 de la Suprema Corte de Justicia que en su artículo 22 dice que las decisiones en materia de homologación no son susceptibles de recurso. “Si eso es así, entonces el MP va a tener que replantear su estrategia”, comentó.
El titular de la Finjus aclaró que la vía de la conciliación ya fue negada por el juez y de lo que se trata es de ver de qué forma ese caso llega a su fin.
Reiteró que tras conocerse la decisión, Odebrecht debió ser suspendida, porque el acuerdo que la habilitaba se rechazó. “Entonces no es susceptible de recursos y por ende la situación cambia”, dijo.
Otras opciones
El abogado Olivo Rodríguez Huerta precisó que tras el rechazo, al Ministerio Público aún le quedan otras opciones.
“Simple y llanamente es un tema de carácter procesal”, aclaró.
Mencionó que si la figura de la conciliación no procede, entonces por inferencia nada más quedarían dos procedimientos adicionales: el procedimiento penal abreviado o juicio penal abreviado y un criterio de oportunidad que está sujeto a una autorización judicial.
“Lo que se infiere es que sería una de esas dos vías la que pudiera autorizar este acuerdo”, expresó.
El abogado Cándido Simón señaló que el juez hizo lo correcto al declarar inadmisible el procedimiento.
“Mandó, sin tocar nada, a que reformulen el procedimiento. Pienso en este caso debe procederse bajo un juicio abreviado con pena preacordada, en el cual ese mismo juez se quite la toga de instructor y en audiencia pública asuma la función de juez de sentencia para conocer, ponderar y decidir si convierte en jurisdiccional el acuerdo”, precisó.
Además, el jurista Valentín Medrano argumentó que la sentencia fue “una mala decisión tomada por un buen juez”, porque éste no decidió en base a lo que se le pidió en las conclusiones, sino en función de lo que advirtió en su fundamentación, que era una conciliación.
“En las conclusiones le solicitaron que de conformidad con el artículo 370 numeral 6, que es el criterio de oportunidad para los casos complejos, por colaboración, ¿de dónde sacó el juez que no se le especificó el estatuto jurídico que se pretendía?”, preguntó.
Antorcha verde
Frente a la decisión, el colectivo Marcha Verde convocó a acciones de la calle denominada “Llama Verde del Fin de la Impunidad”, a través de la cual esperan atravesar el territorio nacional “en una peregrinación dirigida a terminar con el régimen de corrupción e impunidad que mantiene al pueblo dominicano sumido en la pobreza, el atraso institucional y la vergüenza internacional”, dijeron.
Indicaron que la llama saldrá el lunes 13 de marzo de manera simultánea desde tres grandes frentes: Mao (frente Norte), Barahona (frente Sur), e Higüey (frente Este), con relevo de los portadores en cada uno de los municipios cabecera. En el caso de las provincias que no se encuentren en la ruta, se activarán equipos que conectarán con el resto de la peregrinación en puntos estratégicos.
PRM afirma Procurador pretende encubrir PLD
El Partido Revolucionario Modero (PRM) cuestionó una vez más las investigaciones en torno al caso Odebrecht y aseguró que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pretende encubrir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En rueda de prensa, el PRM presentó la relación de las obras aprobadas por el Congreso Nacional que favorecieron a la cuestionada firma Odebrecht y detallaron que el 94 por ciento de los fondos y el 91 por ciento de los contratos son responsabilidad de funcionarios y altos dirigentes del Comité Político del PLD. Reiteraron que al no investigar a esos dirigentes, “el Procurador demuestra su clara intención de encubrirlos”.